Las empresas agrícolas del Campo de Cartagena ya han puesto encima de la mesa las correcciones y mejoras que creen que se deberían llevar a cabo con respecto al decreto ley de Protección Integral del Mar Menor. Todos a una, junto a los regantes de la zona, los empresarios también piden eliminar la franja de protección en torno a la laguna, 500 metros libres de fertilizantes, estiércol y abonado en verde, ya que la superficie agrícola de esa zona es muy reducida y la ocupación de esta franja está dominada por la «urbanización residencial, las actividades náuticas, de ocio y turismo, los servicios, y los espacios naturales y humedales ribereños». A través de la fundación Ingenio, los empresarios agrícolas de la comarca presentaron el pasado martes 26 enmiendas al Proyecto de Ley de la laguna que el pleno de la Asamblea votará el próximo 22 de julio.
En estas enmiendas, Ingenio plantea las mismas tesis principales que las presentadas por la comunidad de regantes del Campo de Cartagena el lunes, organización que también forma parte de la recién creada fundación. En líneas generales, estas enmiendas pretenden rebatir aquellas medidas del decreto que regulan de forma estricta la actividad agraria en la comarca al carecer de «justificación técnica», y al mismo tiempo intentan dirimir la responsabilidad del sector en la contaminación de la laguna.
«Otra medida que no cuenta con una justificación técnica y que además plantea más problemas que soluciones es, entre otras, la priorización de sistemas de cultivos de secano frente a otras opciones», señala la fundación, que cree que estos cultivos presentan peor comportamiento desde el punto de vista de arrastres de nutrientes y sedimentos y residuos, además de conllevar un enorme impacto socioeconómico. Las enmiendas, en su mayoría, rectifican algunos apartados del decreto ley utilizando como argumentos las conclusiones extraídas de un informe de la UPCT, realizado por Victoriano Martínez, catedrático de Ingeniería Agroforestal y director de la Cátedra Trasvase y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, y que fue encargado por la comunidad de regantes del Campo de Cartagena con el fin de analizar distintos aspectos relacionados con la hidrología superficial, el drenaje agrícola y el riego recogidos en la norma que aprobó en diciembre de 2019 el Gobierno regional.
Las empresas agrícolas apuntan que la grave crisis ambiental del Mar Menor está provocada por diversas actividades, públicas y privadas, desarrolladas en su cuenca vertiente. En este contexto, «resulta paradójico que la práctica totalidad del texto legislativo se focalice en la responsabilidad de la agricultura (70% del articulado y el preámbulo), teniendo en cuenta que diversos estudios e informes científicos (entre otros, el del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor) han avalado la evidencia de la multifactorialidad de las causas».
El decreto ley contempla que en la zona 1 de la cuenca del Mar Menor solo se permite la actividad agrícola que implique cultivos de secano, agricultura ecológica de regadío, entre otros. Ante esto la organización protesta porque supondría un cambio en el modelo productivo que conlleva la necesidad de fuertes inversiones; o la drástica caída de la rentabilidad en otros (cultivos de secano); o cambios productivos de gran calado (agricultura ecológica), circunstancia por la que la continuidad de la actividad agrícola en esta zona presenta «una gran incertidumbre».
