Los familiares de los fallecidos durante el estado de alarma en la residencia Caser de Santo Ángel presentan esta semana una nueva querella, además de la presentada contra el centro de mayores, dirigida a los funcionarios públicos implicados en un delito de omisión del deber de socorro.
Su abogada, María José Martínez Pereñíguez, desveló ayer a esta Redacción que la nueva denuncia implica al consejero de Salud, Manuel Villegas García; a la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco Sánchez; al director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente López; a la directora del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Raquel Cancela; y al director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López Santiago, entre otros.
Para la letrada, hija de uno de los internos de la residencia, existen evidencias de que desde la administración no se cuidó debidamente a los mayores. «El SMS mandaba a un médico y a una enfermera para pasar consulta un par de horas al día, evidentemente insuficiente para los setenta enfermos que allí había», explica. Además, recuerda que la Consejería de Salud «tenía competencias para movilizar trabajadores del SMS», bien sanitarios en activo, como personal jubilado o, incluso, contratar estudiantes. «No hicieron nada», lamenta.
Dos primeras declaraciones
Este refuerzo era necesario después de que Caser llegara a quedarse sin enfermeras, ya que se contagiaron todas con el coronavirus. «Al igual que el 90% de los auxiliares», subraya Pereñíguez.
También causaron baja dos médicos de la residencia que acudieron ayer a declarar como investigados por un delito de omisión de socorro, ya que se ausentaron de su puesto de trabajo. Los sanitarios han testificado que no se presentaron porque habían tenido contacto con el primer fallecido por covid de la residencia. Sin embargo, el Ministerio Fiscal subraya que tampoco volvieron a trabajar pasados los catorce días. Los médicos consideran que no debían hacerlo por ser «población de riesgo».
