El expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, que declaró el viernes como investigado, dijo que la desalinizadora de Escombreras era de interés para esa Región «tras haberse cercenado el Plan Hidrológico Nacional y suprimido el trasvase del Ebro».

Sus declaraciones en el juzgado eran conocidas al ser notificadas a las partes personadas en el proceso que investiga al exvicepresidente del Parlamento Europeo como presunto autor de delitos de prevaricación, malversación, fraude y fraude de subvenciones en la construcción y explotación de esa planta en Cartagena.

Insistió varias veces en que una de sus máximas preocupaciones en sus años de Gobierno fue combatir el déficit hídrico de Murcia, para lo que se entrevistó con los sucesivos jefes del Ejecutivo central y ministros competentes.

A preguntas de la magistrada que dirige las investigaciones manifestó que con la supresión del trasvase del Ebro se vinieron abajo las expectativas que había generado y los alcaldes de la Región acudieron a él para buscar otra solución a la falta de agua.

Explicó que la desalinizadora no era un proyecto suyo, sino del Consejo de Gobierno, «en el que se debatían las propuestas de cada consejería, se analizaba su viabilidad y luego se decidía».

Reveló que supo en fecha muy tardía, ya en noviembre de 2013, de la cláusula que obligaba al Gobierno murciano a pagar de golpe los 600 millones de euros fijados en el contrato de explotación de la planta si se dejaba de pagar un solo plazo. «Me lo comentó el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, y decidimos ir a ver a Florentino Pérez, presidente de ACS, constructor de la planta, para decirle que no podía ser, que no estábamos de acuerdo con ella», dijo a la jueza. «Nos dijo que no pretendía ganar ni un euro con la planta, pero tampoco perderlo, por lo que estaba dispuesto a venderla al Gobierno de Murcia a precio de coste, que concretaría con sus asesores jurídicos y financieros», añadió.

Al responder también a preguntas de la Fiscalía comentó que «los hechos demuestran que no hubo omisión al respecto, sino todo lo contrario, que hubo acción, y encaminada a buscar la mejor solución posible para los intereses regionales».

«Me considero una víctima»

Dijo que ningún servicio jurídico ni de intervención le advirtió de posible irregularidad al crear el Ente Público del Agua (EPA).

Según la Fiscalía, el objetivo era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.

El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir en 180 millones de metros cuadrados.

Valcárcel destacó que la desalinizadora, con ser importante, solo suponía el 0,4 por ciento del presupuesto regional anual. «Y si nadie nos advirtió de que las cosas se estuvieran haciendo mal, ¿por qué iba yo a verme en la necesidad de solicitar un informe jurídico o de intervención?», se preguntó durante el interrogatorio. «Me considero una víctima de la situación», manifestó.