La acción popular en la pieza separada del caso de la desalinizadora de Escombreras contra el expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel quiso formularle 11 preguntas, pero este se acogió a su derecho a no responderlas, por lo que han quedado unidas a las actuaciones por escrito, según ha sabido Efe.
El también exvicepresidente del Parlamento Europeo no contestó al interrogatorio que el pasado viernes quiso realizarle el letrado de esa acusación, Diego de Ramón, que quería saber si conocía la existencia de proyectos urbanísticos para construir 300.000 viviendas que serían dotadas con agua de aquella planta.
También si conoció a Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, por el interés de este en construir la desalinizadora y si había entrado en contacto con representantes de una de sus sociedades sin contar previamente con los informes de los servicios jurídicos ni de la Consejería de Agricultura y Agua.
Valcárcel no contestó tampoco si requirió un informe sobre el proyecto al interventor general de la comunidad entonces, Eduardo Garro, que declarará este martes como testigo en esta causa, ni si no consultó con el entonces consejero del ramo Antonio Cerdá sobre la viabilidad del proyecto.
Tampoco si la creación del Ente Público del Agua tenía como finalidad conseguir el agua que se precisaba para los desarrollos urbanísticos proyectados y que la Confederación Hidrográfica del Segura no aprobaba por la falta de recursos hídricos ni si se decidió contratar el proyecto con ACS y adjudicarlo sin publicidad.
Finalmente, la acción popular quedó sin saber si conoció las actuaciones llevadas a cabo para conseguir que un proyecto nacido desde la iniciativa privada fuese asumido por el Gobierno autonómico con fondos públicos y con grave quebranto para estos presuntamente.
