Piden ocho años de cárcel a los jóvenes responsables de los altercados en las vías

La fiscalía ha pedido ocho años de prisión para cada uno de los tres jóvenes que van a ser juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia por los altercados que se produjeron en el barrio murciano de Santiago el Mayor dentro de las protestas vecinales llevadas a cabo en octubre de 2017 contra las obras de acceso del AVE.

Las conclusiones provisionales del ministerio público, a las que ha tenido acceso Efe, reclaman para cada uno de estos jóvenes tres años de cárcel por un delito de desórdenes públicos y cinco años por un delito de daños por los desperfectos que ocasionaron, que han sido tasados en 133.750 euros.

El fiscal reclama que esa suma sea asumida de forma conjunta y solidaria por los acusados y por partes iguales, destinando esta cantidad al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la empresa Aldesa Construcciones, que fueron las perjudicadas por los destrozos causados.

El relato de hechos contenido en el escrito de acusación señala que los desórdenes y daños se produjeron el 3 de octubre, con motivo de la reanudación de los trabajos de instalación de pantallas acústicas de la futura vía provisional para el tráfico ferroviario, a la altura del citado barrio murciano.

Numerosos vecinos acudieron al lugar para expresar su protesta, ya que exigían desde tiempo atrás, con otras concentraciones y manifestaciones, que la entrada del AVE a la capital murciana fuese soterrada y no en superficie.

Dentro de esas protestas, se lanzaron mamparas a la vía, se atacó a los agentes policiales que habían acudido al lugar para mantener el orden público y posibilitar las obras e, incluso, se llegó a incendiar una máquina elevadora de las utilizadas en las obras.

Como consecuencia de los incidentes, "el tráfico ferroviario permaneció interrumpido varios días debido a los graves daños producidos en la infraestructura", dice la fiscalía.

El tribunal que ha de juzgar a los tres acusados, dos de ellos españoles y un tercero extranjero, los ha citado para esta semana por si reconocen los hechos y se puede llegar a un acuerdo de conformidad con el ministerio público, lo que evitaría la celebración de la vista oral.