El expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, que ayer prestó declaración como imputado en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia para investigar su intervención en los contratos de la desaladora de Escombreras con las empresas del grupo ACS, defendió su «inocencia» y negó haber participado en la tramitación del proyecto, aunque admitió haberlo impulsado.

El exjefe del Ejecutivo regional estaba citado como imputado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que ha abierto una segunda causa sobre la desaladora para investigar su actuación.

A su vez, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y varias decenas de ex altos cargos de la Administración regional y de directivos de las empresas del grupo ACS que participaron en la construcción y posterior gestión de la desaladora están imputados en otra causa, abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 tras una denuncia de la Fiscalía, después de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades contables en 2009 y 2010.

La Fiscalía atribuye al expresidente los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.

Ramón Luis Valcárcel permaneció casi cuatro horas prestando declaración, aunque al abandonar la Ciudad de la Justicia negó estar cansado y se mostró relajado. «He toreado en plazas peores», aseguró. Dijo también que tiene la conciencia tranquila y que él se limitó a decir «hágase una desaladora», porque no es abogado ni ingeniero.

A pesar del tiempo que pasó en el juzgado, contestó solo a las preguntas del fiscal, pues se negó a responder a las que le formularon el abogado de la acusación popular, Diego de Ramón, que hace diez años llevó a la Fiscalía los informes del Tribunal de Cuentas sobre las empresas públicas que intervenían en la gestión de la desaladora, y el letrado de la Comunidad, que está personada en la causa. No obstante, De Ramón aseguró que la jueza había admitido sus preguntas «como parte de la causa».

«He cumplido con mi obligación y espero haber demostrado mi inocencia», manifestó Valcárcel al salir. Había llegado a los juzgados junto a su abogado, Fernando Adame, hacia las 9.15 horas y dijo que volvería a emprender todas las actuaciones que fueran necesarias si permitían conseguir agua para Murcia. También destacó que la planta «está a pleno rendimiento».

El expresidente regional y exvicepresidente del Parlamento Europeo dio a entender en sus declaraciones que los Servicios Jurídicos de la Comunidad conocían la iniciativa aprobada por su gobierno para poder contar con el agua de la planta de Escombreras, ya que la Consejería de Presidencia, de la que dependen los letrados de la Administración regional, estaba representada en el consejo de administración del Ente Público del Agua.

Este órgano creado por la Consejería de Agricultura y presidido por el exconsejero Antonio Cerdá, se encargaba de adquirir los caudales y distribuirlos a los ayuntamientos de la Región para que pudieran aprobar planes urbanísticos, a pesar de no contar con la autorización de la CHS, tal y como establece la Ley de Aguas. Sin embargo, los Servicios Jurídicos de la Comunidad no llegaron a intervenir en el Ente Público del Agua, que contrató a un bufete de Madrid y al abogado murciano Santiago Arnaldos, también imputado.

Según relató De Ramón , Valcárcel declaró que Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, que construyó la planta y sigue siendo su propietario, le aseguró que la desaladora tendría «un coste cero» para las arcas regionales, aunque este año supondrá un gasto de 22 millones . El contrato con ACS obliga a la Comunidad a pagar unos 600 millones de euros hasta 2034, aunque solo tres ayuntamientos de la Región, Murcia, Cartagena y Torre Pacheco, han consumido el agua de la planta, que ahora se dedica al regadío en su mayor parte.

De Ramón explicó que Valcárcel «también descargó la responsabilidad en la comisión de secretarios del Gobierno regional» y dijo que nunca se reunió con el presidente de ACS, aunque según el letrado hay correos que apuntan lo contrario. Anunció que solicitará medidas cautelares contra el expresidente y apuntó que está dispuesto a pedir prisión sin fianza para Valcárcel basándose en los informes de la UDEF de la Policía Nacional, que calcula una inversión en la planta inferior a los 134 millones. También pedirá que se investigue si tiene patrimonio fuera de España.

Podemos recuerda que «se trata de una operación diseñada para esquilmar del erario público hasta 600 millones de euros».