El expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel, que ha permanecido casi cuatro horas ante el juez para prestar declaración sobre los contratos de la desaladora de Escombreras, ha dicho al salir de la Ciudad de la Justicia que espera "haber demostrado su inocencia". A una pregunta sobre su estado de ánimo después de una declaración tan larga ha respondido: "He toreado en plazas peores".
Valcárcel, que estaba citado como investigado en esta segunda causa abierta para conocer su participación en los acuerdos con las empresas del grupo ACS, ha dicho al terminar que había acudido para "dar cumplida y completa respuesta a todo lo que se me preguntara y eso es lo que he hecho".
Por su parte, el abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación popular en este caso, ha manifestado que Valcárcel "ha echado balones fuera y ha descargado la responsabilidad en la comisión de secretarios del Gobierno regional".
De Ramón también ha dicho que el expresidente había declarado durante el interrogatorio que Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, que construyó la desalinizadora, le manifestó que tendría "un coste cero" para las arcas públicas, aunque en este momento la planta cuesta unos 22 millones anuales a la Comunidad.
El letrado de la acusación popular también ha dicho que el expresidente se ha desvinculado de la tramitación de los contratos que obligarán a la Comunidad Autónoma a pagar 600 millones por el agua de la desaladora hasta 2034.
Ramón Luis Valcárcel ha admitido que impulsó la construcción de la planta para atender las necesidades de agua de la Región, pero ha negado haber intervenido en la tramitación.
Valcárcel ha llegado a los juzgados junto a su abogado, Fernando Adame, y ha añadido que esta citación como investigado le va a permitir probar que no cometió delito alguno en la gestión de esta obra. Ha manifestado también a los periodistas que aguardaban su llegada que volvería a emprender todas las actuaciones que fueran necesarias si con las mismas se trataba de conseguir agua para Murcia.
Por su parte, el letrado de la acusación popular, Diego de Ramón, ha anunciado que va a pedir una investigación para averiguar si el el expresidente de la Comunidad y ex vicepresidente del Parlamento Europeo tiene cuentas fuera de España. También ha añadido que Valcárcel ya no tiene la protección política de antes y que, ahora, es "un ciudadano más que debe responder de sus actos ante la justicia".
También ha anunciado que la próximo semana pedirá medidas cautelares duras contra el expresidente.
La causa en la que está imputado Valcárcel se suma al caso de la desaladora que investiga el Juzgado de Instrucción número 5, en el que están imputado el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y casi una treintena de ex altos cargos de la Comunidad, directivos de las empresas de ACS y los socios murcianos de la sociedad propietaria.
De Ramón ha calificado el proyecto de la desaladora de Escombreras como "el mayor caso de corrupción de la Región de Murcia". Además, ha anunciado que va a pedir medidas cautelares "contundentes y fuertes" contra el ex presidente del Gobierno murciano.
A su juicio, la fiscal del caso ha hecho "un gran trabajo, de tesis doctoral, por lo que honra a la Justicia y al Estado". Los indicios más graves contra Valcárcel, añade, se reflejan en los delitos de "prevaricación continuada, malversación de caudales públicos o fraude continuado en materia de subvenciones".
"No se explica cómo este entramado de sociedades no tuvo el asesoramiento jurídico de los abogados de la Comunidad", según De Ramón, quien se pregunta "por qué el interventor general de los servicios jurídicos no denunció estos hechos cuando lo sabía al mismo tiempo que yo".
Se pregunta "por qué han estado callados desde el año 2010, cuando lo denuncié a la agencia Europa Press y aquí a la Fiscalía", según el abogado, quien cree que "esta es la incógnita que deben revelar ellos".
Ha sostenido que se trata de una operación "planeada de antemano" tal y como dijo en la Asamblea Regional, donde dijo que "esto es la trama de Valcárcel". Es más, ha señalado que hay un informe de más de 200 folios de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional que "imputa la manipulación y la connivencia de la sociedad de Florentino Pérez con el Gobierno regional de Valcárcel".
La declaración de Ramón Luis Valcárcel estaba prevista para el pasado 16 de marzo, pero tuvo que ser aplazada por el estado de alarma.
Estas diligencias judiciales se iniciaron a raíz de la denuncia que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó en julio pasado y en la que se atribuyen al expresidente autonómico los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.
