Las reformas de las leyes relacionadas con la protección del medio ambiente, los puertos y el urbanismo no son el único frente en el que está haciendo cambios el Gobierno regional para tener manga ancha en sus actuaciones. CC OO y UGT también vinculan cambios introducidos en la Relación de Puestos de Trabajo de Comunidad con la pretensión del Ejecutivo de situar a funcionarios afines al PP en los puestos clave de las consejerías para tener más facilidades a la hora de sacar adelante su proyectos.

Ambas organizaciones alertan de que puestos de trabajo que estaban ocupados por biólogos y profesionales de perfil científico en Medio Ambiente se han modificado para dar entrada a ingenieros Industriales y de Caminos. En la Consejería de Fomento se ha incorporado a la jefatura de servicio de Vivienda un conocido ex alto cargo que desde hace décadas forma parte de los equipos de Presidencia y Hacienda.

Los Mesa de la Función Pública aprobó hace una semana la modificación de los requisitos exigidos para ser jefe del servicio de Vivienda, con el fin de que este puesto pudiera ser ocupado por Juan Antonio Morales, que fue director general de Administración Local y de Deportes. Fuentes de la Consejería de Hacienda han explicado que su traslado responde a «una reorganización habitual de los efectivos funcionariales, atendiendo a la mejora continua de la Administración regional». El Departamento de Javier Celdrán recuerda que este cambio de destino «fue planteado la pasada semana en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sin ninguna oposición a la misma por ninguna de las partes». Hacienda anunció que la anterior titular de esta plaza, Concepción Mirete, que «lleva 24 años de impecable servicio público en este departamento, pasará a ser responsable de la Junta Arbitral de Transporte».

Sin embargo, el traslado de Juan Antonio Morales y los cambios en las direcciones generales de Medio Ambiente y del Mar Menor se atribuyen a la pretensión del Ejecutivo regional de contar con funcionarios afines tras el naufragio de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA). El secretario general del PSOE, Diego Conesa, reprocha al Gobierno que tras el fracaso del ARCA, «en vez de ampliar la plantilla de Medio Ambiente, esté haciendo lo contrario, vaciarla, mientras que trasladan la responsabilidad a los ayuntamientos. Han tirado tres años de gestión ambiental a la basura». Conesa propone crear un órgano con capacidad de actuación, como la desaparecida Agencia Regional del Medio Ambiente que desapareció en los años 90 del siglo pasado.

El coordinador de Administración Autonómica de CC OO, Francisco Saura, sostiene que «la aniquilación de la gestión y control ambiental en la Región de Murcia está siendo orquestada desde dos frentes. Por un lado el desmantelamiento presupuestario y de recursos humanos de las Direcciones Generales de Medio Ambiente, del Medio Natural y del Mar Menor; y por otro, el desmantelamiento normativo».

Saura recuerda que «en los últimos meses asistimos a movimientos de personal destinados a eliminar o apartar a los verdaderos profesionales capacitados para la gestión del medio natural. Los profesionales 'verdes' (biólogos, ambientólogos e ingenieros de montes o forestales) están siendo destituidos, invitados a irse o presionados y no cesan de modificar plazas y crearlas para copar estos departamentos de ingenieros de Minas, Canales y Puertos, Industriales o Agrícolas».

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT dio la voz de alarma antes de la Mesa Sectorial para denunciar el intento de suprimir una plaza de técnico de Medio Ambiente ocupada por un delegado del sindicado, que finalmente no ha llegado a materializarse, según informó la responsable del sector autonómico del sindicato, Encarna Espín.

El presidente de CSIF, Juan Miguel Blanco, propone seguir el ejemplo del Servicio Murciano de Salud, que ha establecido un concurso de méritos para cubrir las jefaturas de servicio para garantizar criterios técnicos y no «políticos».

La Consejería de Medio Ambiente defiende que estos cambios obedecen a «la necesidad de tramitar expedientes de autorizaciones ambientales integradas de instalaciones industriales y de realizar declaraciones de impacto ambiental que requieren una formación técnica, que excede del perfil de la Ingeniería Técnica Agrónoma y se encuadran en el perfil de la Ingeniería Industrial, conocedora de los más diversos procesos y técnicas industriales para el control de emisiones».