14 de junio de 2020
14.06.2020
La Opinión de Murcia
Medio ambiente

El PSOE quiere pactar otro 'decretazo' con Cs para evitar que el Gobierno se salte la legislación estatal

Al igual que hizo con las enmiendas a la Ley del Mar Menor, Diego Conesa ha remitido a la formación naranja sus alternativas a la reforma de las leyes de Ordenación Territorial, Vivienda y Puertos para negociarlas

13.06.2020 | 17:34
Edificaciones para servicios portuarios en uno de los canales de La Manga.

El PSOE también ha propuesto a Cs pactar las enmiendas al decreto del Gobierno regional que modifica las leyes de Ordenación Territorial, Viviendas y Puertos, tal y como hizo anteriormente con la Ley del Mar Menor. Además de recurrir al Constitucional las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en su afán de tener manos libres a la hora de realizar cambios urbanísticos y de autorizar nuevas concesiones o instalaciones portuarias, el secretario general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, trata de conseguir el apoyo de la formación naranja para evitar que el Gobierno de López Miras se salte la legislación estatal.

Conesa también tratará de lograr «ante la intención del Gobierno de López Miras de aprobar rápido y por la puerta de atrás estos decretazos», que la Asamblea Regional solicite informes del Consejo Jurídico y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que ha eludido el Ejecutivo al tramitar estas polémicas reformas por la vía de urgencia. El diputado popular, Joaquín Segado, contestó ayer que «el PSOE maniobra con el recurso ante el Constitucional para impedir que el Mar Menor tenga una ley definitiva»

Alerta de que «mientras la UE ha dicho claramente que la salida a esta crisis será verde o no será, el PP parece que no se ha enterado de a dónde nos han llevado 25 años de sus políticas ambientales: a la grave situación del Mar Menor. Tenemos muy claro que la salida de esta crisis debe ser justa y sostenible. Solo tenemos un planeta, una región y un Mar Menor, y no podemos dejar a nadie atrás», defiende.

Las enmiendas del PSOE al decreto 3/2020 de Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras tratan de evitar que prosperen las modificaciones introducidas para atribuir al consejero de Fomento decisiones que hasta ahora tenía el Consejo de Gobierno, una vez oídos el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social.

«Bajo el pretexto de la agilización, con esta modificación se pretende escapar al control jurídico y administrativo propio que conllevan las decisiones del Consejo de Gobierno de la Comunidad, así como ocultar dichas decisiones al resto de miembros del Gobierno regional», se indica en el documento remitido por el PSOE a Cs.

En las enmiendas se propone modificar el artículo 1.2 de la Ley de Puertos para restablecer la atribución inicial de competencias y para impedir que las autorizaciones para obras e instalaciones portuarias en el Dominio Marítimo-Terrestre puedan ser concedidas sin informes previos de las instituciones que en este momento deben pronunciarse, incluida la Demarcación de Costas, que es la titular del Dominio Público. El PSOE considera que el Gobierno invade competencias del Estado, provocando una gran inseguridad jurídica. Su pretensión es «restablecer también la redacción original del artículo 9.2 de la Ley de Puertos», mediante enmienda del artículo 1.5 del decreto.

Igualmente trata de evitar que la reforma permita adjudicar concesiones portuarias sin concurso público a «cualquier entidad sin ánimo de lucro», aunque no tenga reconocida «previamente la declaración de utilidad pública» que exige en este momento, porque abre la puerta a la picaresca. El PSOE entiende que debe restituirse la necesidad de limitar este procedimiento de adjudicación directa a entidades declaradas de utilidad pública. Pide que «el artículo 7.4 de la Ley de Puertos vuelva a su redacción original», ya que «sería suficiente crear una asociación» para beneficiarse.

Igualmente, propone eliminar las rebajas en las tarifas de las concesiones recogidas en la reforma.

En el caso de la Ley de Vivienda, el PSOE quiere evitar que las VPO construidas sobre suelo público puedan perder su calificación «mientras se mantenga la calificación del suelo». Aboga por «recuperar el artículo 25.2 de la Ley de Vivienda para mantener la vinculación entre la calificación de suelo reservado para vivienda protegida y la protección legal de la vivienda».

Ante la posibilidad de que los inquilinos de las viviendas públicas se conviertan automáticamente en propietarios a los 25 años, propone revisar previamente la situación económica de estas familias, al considerar que en muchos casos no van a tener ingresos para mantener la casa y hacer frente al IBI.

En el caso de la Ley de Ordenación Territorial, el PSOE se niega a eliminar la evaluación ambiental preceptiva para los estudios de detalle, tal y como establece la Ley actual en la regulación del planeamiento urbanístico, en contra de la «escasa dimensión e impacto» que aduce el Gobierno en el apartado 22 del artículo 4 del decreto.

También quiere recuperar las restricciones a la construcción «en suelo urbanizable sectorizado y sin sectorizar» para evitar que se hipoteque el desarrollo del planeamiento en el futuro.

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