El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido con el Pacto por el Mar Menor a impedir que la laguna salada siga recibiendo residuos mineros. El número dos del Ministerio para la Transición Ecológica celebró este jueves una videoconferencia con los representantes de la plataforma, en la que garantizó su intervención para evitar que los arrastres procedentes de la Sierra Minera continúen llegando a las playas y se conviertan en un foco de contaminación adicional en un momento tan crítico para el Mar Menor.

Las alarmas por la entrada de minerales arrastrados desde las antiguas explotaciones de La Unión han vuelto a dispararse a raíz de las tormentas de los últimos días.

Las lluvias torrenciales han provocado también el aumento de los caudales que llegan al Mar Menor a través de las ramblas de El Miedo, Las Matildes y El Beal, entre otros cauces, lo que origina arrastres procedentes de las antiguas explotaciones mineras, en las que se conservan depósitos que no están debidamente sellados. Las amenazas que este tipo de vertidos suponen para la laguna salada ya han llegado a la Fiscalía a raíz de las denuncias anteriores.

El secretario de Estado se ha comprometido a actuar para evitar los vertidos que bajan hasta la playa en parajes como Lo Poyo. Morán, que el pasado martes intervino igualmente en una asamblea organizada por el PSOE de Cartagena, anunció una inversión de cuatro millones de euros destinados a descontaminar las balsas de estériles de la Sierra Minera, según informó la SER.

Recordó que esta labor es también competencia de la Comunidad, aunque garantizó la intervención de su Departamento para restaurar las ramblas que vierten a la laguna salada.

Durante la reunión con la Plataforma también se comprometió a actuar contra los vertidos de origen urbano y contra la contaminación por nitratos de origen agrícola que se filtran desde el Acuífero Cuaternario. Según indicó un portavoz del Pacto, «puso como ejemplos la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región, la declaración del acuífero Cuaternario, que se encuentra en el subsuelo del Campo de Cartagena, como masa de agua en estado de deterioro y la Estrategia de Protección del Litoral, en las que se nos dará posibilidades de participación».

La plataforma pidió también su intervención para que las 10.000 hectáreas de regadíos ilegales de la cuenca vuelvan a ser de secano.

En la entrevista con Hugo Morán la portavoz del Pacto Celia Martínez Mora explicó el origen y el perfil socioambiental de la plataforma, destacando "sus funciones e independencia, su esfuerzo en la defensa del Mar Menor y de la situación de deterioro ecológico, social y económico del Mar Menor y su entorno".

Intervino a continuación Julio Mas Hernández, biólogo marino cuya carrera profesional se desarrolló en el IEO y cuya tesis doctoral trató de las relaciones y diferencias entre el Mar Menor y el Mediterráneo. Mas puso énfasis en dos aspectos que han sido fundamentales en los últimos 50 años en el equilibrio ecológico de la laguna: la apertura del canal de El Estacio, con la pérdida de su reducido confinamiento y la variación de las características físico-químicas de la primitiva masa de agua y sus consecuencias en la composición de fauna y flora, así como la transformación del tipo de agricultura del Campo de Cartagena, tradicionalmente de secano, a una explotación industrial y de regadío intensiva con entrada masiva de sedimentos (cada vez más finos), de abonos (nitritos, nitratos, fosfatos, etc.) y de productos fitosanitarios.

También recordó que al Mar Menor han estado llegando residuos con altos contenidos de metales pesados procedentes de la Sierra Minera por falta de sellado adecuado de las minas abandonadas desde hace décadas.

Julio Mas se refirió al efecto reiterado de las DANAS y al aumento del régimen de pluviosidad, que junto con las entradas de nutrientes han acelerado la producción primaria en la columna de agua hasta alcanzar un alto grado de eutrofia, cambio de color de la misma, hasta transformarse en la llamada “sopa verde”, especialmente evidente a partir de 2016.

Habló de la falta de transparencia que ha ocasionado el 80 % de pérdida de las praderas submarinas, y la consecuente descomposición de materia orgánica y fenómenos de anoxia, que culmina con la mortalidad masiva de especies y con la aparición de macroalgas y mucílagos en sus orillas.

También pidió que se tuviera en cuenta en la planificación futura la alta colmatación que se está produciendo en el Mar Menor debido a los sedimentos que son arrastrados por las lluvias y el riesgo de rotura de La Manga a causa del cambio climático y la elevación del nivel medio del mar.

El secretario de Estado para Medio Ambiente contestó que había coincidencia en el diagnóstico y que tenían conocimientos de la evolución y del estado actual del Mar Menor.

A continuación intervino Eduardo Salazar, quien como abogado ambientalista, puso al corriente a Hugo Morán sobre las vías jurídicas que el Pacto por el Mar Menor ha venido empleando para superar la mera denuncia pública, y sobre la imposibilidad de interlocución con las administraciones estatales, autonómicas y locales por la falta de asunción de sus competencias.

Asimismo, la inacción de estas administraciones en una laguna con tantas figuras de protección a nivel teórico ha llevado a una desactivación de la legislación específica (Ley de Armonización de Usos del Mar Menor) permitiendo la situación de degradación extrema actual.

Se le comunicó que lo que ha tenido lugar en el Mar Menor ha sido un auténtico ecocidio, esto es, una hecatombe que ha conseguido destruir todo un ecosistema. Aunque se trate de una figura jurídica no reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, pensamos que debería considerarse un crimen internacional. Se le comunicó que el Pacto está ayudando en el Caso Topillo y en otros asuntos judiciales.

En segundo lugar, y para hacer efectivo el principio de 'Quien contamina paga', se le pidió que activase desde el Estado la Ley de Responsabilidad Ambiental para que los causantes de la degradación del Mar Menor paguen por lo ocurrido, como ya se preveía en el proyecto de Vertido Cero, y que igualmente se llegue a la "Tolerancia Cero" con los infractores. Esta compleja Ley se ha aplicado pocas veces en España, pero sería todo una hazaña hacerlo con el Mar Menor.

Se le informó sobre el Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor aprobado por el Consejo de Gobierno, en el que se reconoce la degradación de la laguna sin que se promuevan medidas suficientes para evitarla.

Por último se le hizo partícipe de la denuncia interpuesta en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en 2016 por diferentes colectivos, entre ellos Pacto por el Mar Menor, y de nuestra petición de una visita de eurodiputados para comprobar in situ el estado del Mar Menor y de la apertura de un procedimiento de infracción específico. En relación a Bruselas, le hizo ver que existirían fondos europeos para restaurar el Mar Menor si se reconoce la situación de catástrofe ecológica. El secretario de Estado se interesó por el procedimiento y pidió más información.

Óscar Alcaraz hizo un resumen de todos los vertidos tierra-mar, tanto procedentes de la actividad agrícola, del acuífero, como de los difusos que pueden tener su origen en los ayuntamientos. A todos ellos debe poner fin el proyecto de Vertido Cero y pidió el procedimiento administrativo del mismo.

Hugo Morán contestó diciendo que tiene muy claro cuáles son sus competencias y que va a actuar en defensa del Mar Menor para la protección de las masas de agua, el dominio público marítimo-terrestre (Demarcación de Costas) y el dominio público hidráulico (CHS).