Un juzgado de instrucción de Murcia ha acordado la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias que ha tramitado en los últimos meses contra cinco personas que están acusadas de detener ilegalmente a una joven y de obligarla a casarse con un hombre, pese a que ella se negó.
Entre los investigados se encuentran el novio y los padres de este, que aseguran que abonaron 2.000 euros cuando acordaron que la denunciante se uniría en matrimonio con aquel.
De las diligencias practicadas hasta ahora se desprende que la joven llegó a España engañada, ya que, presuntamente, desconocía que el fin del viaje era el matrimonio que se había concertado a sus espaldas.
Desde el mismo momento de su llegada a Murcia quedó en la casa del novio, bajo el control de la familia receptora, que rompió su pasaporte, "viéndose obligada desde entonces a mantener relaciones sexuales con el hombre bajo amenazas e intimidación". Las diligencias recogen así mismo que cuando en una ocasión la joven logró fugarse, fue localizada por uno de los investigados y devuelta al domicilio a punta de pistola.
Ahora, la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que presentó la fiscalía, que pidió que en lugar de transformar las diligencias en procedimiento abreviado se abriera un sumario, al exponer que los hechos objetos de la investigación podrían ser castigados con penas superiores a nueve años de prisión. Sobre ese extremo, el tribunal dice que el juzgado de instrucción utilizó en su auto la expresión "relaciones sexuales", que es polisémica, lo que impide precisar por ahora la penología de las mismas.
Las diligencias se tramitan por los presuntos delitos de trata de seres humanos para la celebración de matrimonios forzados y explotación laboral, detención ilegal, contra la libertad sexual y amenazas.
