El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, trasladó ayer al presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, su preocupación por la criminalización de los agricultores por el estado del Mar Menor, y «el hipotético cierre de caudales» del trasvase Tajo-Segura, que tal criminalización podría suponer. Castillo resaltó la paradoja de que se pretenda «castigar a todos por igual, cuando hay tierras lógicamente regadas con el agua del trasvase que están a centenares de kilómetros del Mar Menor».
Este encuentro es el primer contacto que los representantes del SCRATS han mantenido en la Asamblea, donde también se entrevistarán con todos los grupos parlamentarios, para trasladarles sus consideraciones respecto a un año hidrológico con claros y oscuros, y sobre el futuro del Mar Menor. El presidente del SCRATS justificó estos encuentros en que «el arranque político de este año hidrológico teníamos que hacerlo en casa».
