El Consejo Económico y Social (CES) reprocha al Gobierno regional que trate con paños calientes y buenas intenciones los problemas del Mar Menor y le pide que concrete los presupuestos y los plazos para ejecutar los planes de recuperación. En un dictamen sobre el proyecto de decreto de la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor (EGIZC) y su entorno, este órgano consultivo reclama al Ejecutivo regional y a la Administración del Estado que dejen de culparse mutuamente y colaboren para poner coto a la degradación de la laguna salada con urgencia. Para el CES, la aplicación del Plan Vertido Cero debe ser una prioridad.

El borrador del decreto de la Estrategia de Gestión del Mar Menor, que fue remitido el pasado 13 de marzo al CES por la Consejería de Fomento, es una de las herramientas que regularán las actuaciones que pueden desarrollarse en las riberas con el fin de que «el Mar Menor alcance y mantenga un buen estado ambiental de manera que permita un desarrollo socioeconómico sostenible de su entorno». Su objetivo es establecer «un marco de gestión global en el ámbito público, adaptado a las especiales características del socio-ecosistema del Mar Menor», en el que esté contemplada la actuación y la cooperación de las tres administraciones.

La Estrategia contempla 27 actuaciones en nueve planes operativos a desarrollar en cuatro escenarios: la laguna salada y los humedales asociados, las tierras litorales que soportan actividades intensivas, el área de influencia litoral (vertientes serranas, cuencas de ramblas y torrentes) y las aguas costeras.

El CES valora la iniciativa legislativa del Gobierno, pero recuerda que ya ha dejado claro en anteriores dictámenes, «la imperiosa necesidad de encarar la problemática del Mar Menor con un ánimo reforzado y a través de instrumentos y políticas coordinadas». También se lamenta de los abandonos que se han producido en el Comité Científico.

Alerta de que la articulación de las 27 actuaciones contempladas «o bien carecen 'per se' de aptitud para conformar una disposición normativa (en algunos casos resulta obvio que no se pretende su plasmación en precepto jurídico alguno), o bien no aparecen formuladas con las características exigibles a una norma jurídica destinada a integrarse en el ordenamiento regional», por lo que se quedan en paños calientes.

Además de la Estrategia de Gestión Integrada, está en trámite en la Asamblea Regional una ley del Mar Menor, después de que fuera rechazada la convalidación del decreto aprobado por el Gobierno en diciembre de 2019, lo que permitirá la introducción de modificaciones por parte de los grupos parlamentarios. Por tanto, continúan abiertas algunas de las pautas básicas que deben recogerse en la Estrategia, como el alcance y la duración de la moratoria urbanística que se establecerá en los municipios del Mar Menor.

Por otra parte, según se recoge en el dictamen aprobado ayer en el pleno del Consejo presidido por José Antonio Cobacho, «en opinión del CES, la ausencia de una suficiente planificación presupuestaria y financiera para el desarrollo de su plan de acción constituye una de las principales debilidades de la Estrategia del Mar Menor» elaborada por la Comunidad.

También ve preciso que «la Estrategia sea más clara en la forma en la que debe funcionar la arquitectura de su sistema de evaluación y seguimiento», para garantizar que las administraciones y las entidades responsables vigilarán el cumplimiento de las medidas destinadas a la recuperación del Mar Menor.

«El CES considera necesario que la Estrategia del Mar Menor cuente con un escenario presupuestario para su desarrollo y un programa de financiación» que precise «la valoración económica de las medidas propuestas, las fuentes de financiación y la planificación temporal».

Por esta razón, «anima a la Administración del Estado y a la Comunidad a alcanzar un lenguaje común y los consensos imprescindibles que hagan posible el desarrollo del Proyecto Vertido Cero, en particular relegando las mutuas reclamaciones de responsabilidades del pasado y competenciales del presente en favor de la puesta en marcha del proyecto con las mejoras que sean precisos».

Además, la Estrategia de Gestión Integrada tampoco establece plazos para ejecutar las medidas propuestas. «Una obligación fundamental de cualquier planificación estratégica es de la fijar sus plazos de programación con el mayor detalle posible», así como «un cronograma específico», defiende.

Reprocha a la Comunidad que se limite a dar cuenta que las inversiones previstas en la ITI del Mar Menor para el periodo de programación 2014-2020, «al que resta medio año». De acuerdo con los datos aportados, se contempla un gasto total de 105.349.895 euros, 70.972.019 de los cuales corresponden a ayudas.