El PP responde a la decisión del PSOE de impugnar la reforma de la Ley de Protección Ambiental y otros decretos aprobados por el Gobierno regional recordando que se trata de textos legislativos todavía en fase de tramitación parlamentaria, por lo que podrían ser modificados en la Asamblea Regional. El decreto que modifica la Ley de Protección Ambiental de 2009, cuyo recurso adelantó LA OPININÓN este domingo, traslada a los ayuntamientos la responsabilidad de hacer las evaluaciones de impacto ambiental y los informes necesarios para autorizar nuevos proyectos empresariales o planes urbanísticos. Los populares murcianos contestan al PSOE argumentado que «la Comunidad Valenciana ya tienen esa competencia y el socialista Ximo Puig y los alcaldes socialistas no se han opuesto; los ayuntamientos funcionan con normalidad».

Critican igualmente que el PSOE haya enviado el decreto del Ejecutivo de López Miras al Gobierno central para que sea estudiado por la Abogacía del Estado. «Le recordamos a Diego Conesa que la Abogacía del Estado no es un instrumento al servicio de ningún partido político sino al servicio del Estado. Y tampoco la Presidencia del Gobierno. Que no traten de utilizar las instituciones del Estado para conseguir sus fines políticos», señalan fuentes de la dirección popular.

Las leyes autonómicas pueden ser recurridas por el Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados del Congreso o 50 senadores. También pueden ser impugnadas por siete ayuntamientos.

Asimismo, recuerdan que no «es la primera vez que el PSOE recurre al Constitucional una ley aprobada por el Gobierno del PP. Lo hicieron con la Ley de Aceleración Empresarial y el Constitucional la avaló prácticamente de forma íntegra, apenas hizo cambios en una frase», indicaron.