La reforma de la Ley de Protección Ambiental que el Gobierno regional ha introducido en un decreto de medidas destinadas a paliar la crisis provocada por el coronavirus (5/2020) no será la única modificación legislativa que el PSOE llevará al Tribunal Constitucional. Los socialistas murcianos también van a recurrir otro decreto del Ejecutivo amparado en la pandemia que modifica la Ley de Puertos, la de Vivienda y la de Ordenación Territorial, al considerar que dan mayores facilidades a la construcción eludiendo trámites ambientales e invaden competencias del Estado, al atribuir a la Comunidad la capacidad para tomar decisiones que afectan al suelo público y al Dominio Marítimo-Terrestre.
El decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid- en el área de vivienda e infraestructuras' (3/2020) ha encontrado menos obstáculos en la Asamblea que el de medidas urgentes para el Mar Menor o la reforma de la Ley de Protección Ambiental, que no fueron convalidados por la Asamblea y serán tramitados como leyes, lo que permite su modificación.
No obstante, los grupos parlamentarios acordaron que también este texto legislativo defendido por el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, sea tramitado como proyecto de ley.
Pero el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido llevar también este decreto al Tribunal Constitucional. En primer lugar, porque permite que las viviendas protegidas construidas en suelo público destinado a este cometido pierdan su calificación oficial al desaparecer el apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Vivienda, lo que pude suponer una liberalización encubierta. Los informes jurídicos apuntan igualmente que esta reforma del Gobierno regional puede entrar en contradicción con la normativa estatal que regula las reservas de suelo para la construcción de viviendas de promoción pública.
El PSOE rechaza igualmente la eliminación de las evaluaciones ambientales necesarias hasta ahora para aprobar un estudio de detalle, tal y como establece la Ley de Ordenación Territorial en la regulación del planeamiento urbanístico, aduciendo «su escasa dimensión e impacto» en el apartado 22 del artículo 4.
En este caso, el recurso del PSOE remite a una sentencia anterior del Tribunal Constitucional, que ya se pronunció sobre esta cuestión en un recurso contra una ley de evaluación ambiental del Baleares con la misma pretensión, que fue declarada inconstitucional.
Críticas a la Ley de Puertos
Por otra parte, el PSOE critica igualmente la modificación de los artículos 5, 6 y 9 de la Ley de Puertos, que permite a la Comunidad «construir y explotar directamente obras e instalaciones para todos los usos de navegación, por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas», además de cambiar el destino de las instalaciones ya existentes para usos no portuarios y eliminar los informes requeridos hasta ahora para autorizar cualquier ocupación del dominio público, incluidos el de la Demarcación de Costas.
Al margen de que se estima que la crítica situación del Mar Menor desaconseja la construcción de nuevos puertos e instalaciones en la riberas de la laguna salada, el Gobierno dota a la Consejería de Fomento de atribuciones para actuar sobre el dominio público por su cuenta y riesgo sin la necesidad de contar ni siquiera con la Administración que posee actualmente tales competencias.
El PSOE se abstuvo para no perjudicar a los afectados por los terremotos de Lorca
La Asamblea Regional convalidó el decreto-ley de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras' con el apoyo del PP, Cs y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos. El secretario general del PSOE, Diego Conesa, ha explicado que no votó en contra del decreto que altera la normativa de las viviendas protegidas y da manga ancha en los puertos porque «el Gobierno introdujo en el texto las medidas para facilitar los trámites a los vecinos de Lorca afectados por los terremotos». En este caso, el decreto libera a los 5.300 vecinos que no han presentado la documentación exigida para justificar las ayudas recibidas de tener que devolver el dinero con intereses, una vez que se ha ampliado a 2023 el plazo para la reconstrucción. El líder del PSOE lamentó que también la medida solicitada por miles de familias de Lorca fuese incluida dentro de un decreto destinado supuestamente a paliar los efectos de la pandemia. «La abstención se decidió porque Cs nos lo propuso para que se tramitara como proyecto de ley», explicó.
