Las cerca de 5.000 becas de comedor que reciben los estudiantes de la Región se abonarán hasta el 21 de junio, fecha en que oficialmente termina el curso escolar, pero no podrán prolongarse durante el periodo estival, ya que la comunidad autónoma no tiene «capacidad» para prolongar ese periodo y el Estado no ha aportado medios para ello. Así lo reconocía ayer la vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, que comparecía a petición propia en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional para explicar la gestión de su departamento en relación con esas ayudas durante la crisis del coronavirus.

Franco ha defendido que el Ejecutivo regional ha actuado con diligencia en esa crisis, agilizando al máximo el pago de las ayudas que reciben en total 4.995 menores en riesgo de exclusión y con la vista puesta en todo el curso escolar, sin tener en cuenta los plazos iniciales del estado de alarma, ha destacado. Así, tras la publicación el 13 de marzo de un decreto del gobierno central ordenando el pago de esas ayudas a pesar de la suspensión de las clases, se publicó el 8 de abril el decreto regional en ese sentido en el que se daba potestad a los ayuntamientos para organizar el reparto de las ayudas y la fórmula para ello (tarjetas, menús o trasferencias bancarias).

El día 20 de ese mes se hizo un primer abono a los ayuntamientos por importe de más de 409.000 euros, coincidiendo con la fecha en que la comunidad recibió fondos estatales para sufragar esas ayudas, al tiempo que se subsanaron algunas divergencias en los listados de los beneficiarios. A mediados de mayo se efectuó un segundo pago de 417.000 euros para seguir abonando las becas, y en un plazo aproximado de 15 días se hará el tercero de los pagos a los ayuntamientos para terminar de pagar esas becas.

A los fondos de algo más de un millón de euros aportados por el Gobierno central para estas ayudas, la comunidad autónoma sumará otros 700.000 adicionales, ha dicho, para dar cobertura a todas las familias, pero ha recordado que se trata de las familias que ya tenían concedidas las becas al inicio del curso, no a las que han sufrido dificultades derivadas de la pandemia, porque así se estableció desde la administración central.

Desde el PSOE, el diputado Antonio José Espín ha considerado que las becas de comedor dan una cobertura muy escasa, con apenas 5.000 beneficiarios a pesar de que unos 70.000 alumnos están en riesgo de pobreza y exclusión, 12.000 de ellos, en situación de privación material severa, ya que los umbrales de renta para acceder a esas becas son extremadamente bajos.

En la misma línea, la diputada de Podemos María Marín ha lamentado que solo un 2% de los niños en riesgo de exclusión de la comunidad reciben este tipo de ayudas, y ha lamentado que desde que el gobierno central dio la orden de continuar con el abono de becas hasta la orden regional pasaron 5 semanas, varias más hasta que se efectuaron los primeros pagos, puesto que se pasó «la patata caliente» a los ayuntamientos sin ofrecerles recursos ni ningún tipo de apoyo.

La diputada de Vox Mabel Campuzano criticó que se «compartimenten» las ayudas y se distinga entre días lectivos, fines de semana o vacaciones, pues las necesidades de alimentación de los niños siguen existiendo todos los días.