El PSOE ha dado el paso para recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Protección Ambiental que el Ejecutivo regional ha incluido en el decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente'. El Grupo Parlamentario socialista ha remitido a la Presidencia del Gobierno central los informes jurídicos que niegan la capacidad de la Comunidad Autónoma para trasladar a los ayuntamientos de la Región la elaboración de la evaluación de impacto ambiental y los informes precisos para autorizar nuevos proyectos empresariales y urbanísticos. Entre otros impedimentos legales, aduce que el Ejecutivo endosa las competencias ambientales a los consistorios sin acompañarlas de la dotación económica necesaria para financiarlas y reduce a la mitad el plazo para emitir los informes. El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, defiende que el recurso de inconstitucionalidad «es un ejercicio de responsabilidad contra la deriva inconstitucional que nos lleva a Trump y Bolsonaro».

La tercera ley elaborada por el Gobierno regional para atender las demandas de la patronal y desbloquear cientos de proyectos de inversión que llevan años empantanados también puede acabar truncada por el Tribunal Constitucional. Los informes remitidos por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea Regional a la Presidencia del Gobierno para que la Abogacía del Estado determine si los cambios introducidos por el Ejecutivo de Fernando López Miras se ajustan a los preceptos constitucionales y a los principios establecidos en la Ley de Bases de Régimen Local destacan especialmente la indefensión en la que puedan verse los municipios de menos de 20.000 habitantes, que carecen del personal y los medios para desempeñar las competencias transferidas desde el palacio de San Esteban.

En primer lugar se señala que trasladar a los consistorios la obligación de elaborar los informes y las evaluaciones de impacto ambiental preceptivas para la autorización de nuevos proyectos «puede generar inseguridad jurídica en los ayuntamientos, que además pueden verse obligados a crear nuevos departamentos o unidades administrativas, con el coste que ello supondría».

Consciente de las dificultades que acarrea el traspaso de competencias de la Comunidad a las corporaciones locales de los pueblos más pequeños, el Gobierno regional ha establecido en el decreto destinado a paliar los efectos de la crisis provocada por el coronavirus la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer, a su vez, acuerdos con la Administración regional para «encargarle» las tareas que no están en condiciones de cumplir.

Los informes elaborados por el PSOE alertan de que «esta previsión es poco garantista para esos ayuntamientos. Ese 'encargo' no encaja en ninguna de las figuras de atribución de competencias previstas en la Ley Régimen Jurídico del Sector Público».

Dejan claro que «como 'encargo', pudiera parecer a primera vista un acto unilateral del ayuntamiento, pero al tenerse que articular mediante convenio con la Comunidad Autónoma, queda al arbitrio de esta aceptarlo o no. Por otra parte, la Ley de Bases de Régimen Local prevé que el Estado y las comunidades autónomas puedan delegar competencias en los ayuntamientos, pero no a la inversa».

Por otra parte, el PSOE recuerda que el intrincado mecanismo establecido por el Ejecutivo regional «no parece una fórmula acorde con la competencia (y, por tanto, con la obligación) que tiene la Comunidad Autónoma, en tanto que asume las funciones de Diputación Provincial, de prestar 'asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión'», tal y como establece el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local».

Para el resto de municipios «tampoco se establece ningún mecanismo específico para hacer frente a una eventual (y probable) insuficiencia de medios del ayuntamiento para el ejercicio de la competencia, lo que podría abrir la puerta a la contratación de una asistencia técnica con una consultora externa privada».

El secretario general del PSRM-PSOE recuerda que el Gobierno regional no ha podido dar solución a «los 800 expedientes» de proyectos empresariales que llevan años esperando la autorización, aunque «decía que iba a crear 15.000 puestos de trabajo». Reprocha a López Miras que lleva «tres años de inacción en el Ejecutivo, cuando tendría que haber fortalecido la dirección general de Medio Ambiente. Lo único que ha hecho es forzar la máquina. Es una irresponsabilidad manifiesta, porque a las empresas lo que hay que darles es seguridad jurídica». El recurso de inconstitucionalidad podría ser presentado por el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados del Congreso o 50 senadores. También podrían recurrir al Constitucional siete ayuntamientos que sumen 248.983 habitantes. El plazo de presentación es de tres meses a partir de la publicación de la reforma impugnada.