El PSOE emplaza a Ciudadanos a desmarcarse de las reformas introducidas por el PP en la legislación urbanística y ambiental aprovechando la crisis provocada por el coronavirus y propone a la formación naranja consensuar las enmiendas al decreto de protección del Mar Menor, que inicia ahora su tramitación parlamentaria. El secretario general y portavoz parlamentario de los socialistas en la Asamblea Regional, Diego Conesa, ha remitido un documento a Ciudadanos en el que recoge las propuestas para modificar la normativa en vigor, entre las que figura una moratoria de tres años a las nuevas urbanizaciones, los invernaderos y las explotaciones ganaderas. El documento, que consta de 19 puntos, amplia a 1.500 metros la franja litoral en la que no podrán utilizarse fertilizantes de momento, aunque abre la puerta a establecer un ancho diferente en las zonas con suelos menos permeables a la filtración de nitratos.
Pese a ser socio de gobierno del PP, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos no apoyó la convalidación del decreto de Fernando López Miras en la Asamblea Regional, sino que planteó su tramitación como proyecto de ley, abriendo así la puerta a la reforma del polémico texto legislativo que está en vigor desde principios de enero. También el PSOE y Unidas Podemos votaron en contra de la convalidación del decreto.
La formación naranja hizo lo mismo la semana pasada ante el decreto que reforma la Ley de Protección Ambiental, considerado por los socialistas y por las organizaciones ecologistas como una amenaza para los ciudadanos, al entender que permite el aumento de las emisiones contaminantes y el descontrol en las autorizaciones para instalaciones empresariales y nuevos proyectos urbanísticos. Ante estas contradicciones en la actuación de Cs, Conesa reclama a la formación naranja el apoyo a las propuestas socialistas en coherencia con los reparos que su grupo parlamentario muestra ante los decretos de López Miras.
El documento remitido por el máximo responsable del PSOE en la Región destaca que, pese al empeoramiento en la situación del Mar Menor, el nuevo decreto contiene lagunas como las relativas a las sanciones por el uso de las desalobradoras no autorizadas en el Campo de Cartagena, que han dado lugar a una investigación judicial en la que hay un centenar de imputados.
El PSOE destaca en su propuesta que la regulación de este tipo se sanciones sí aparecía recogida en el texto legislativo del año 2018, que no llegó a ser aprobado.
Para evitar que continúe el deterioro de la laguna salada el PSOE considera necesario establecer una moratoria urbanística de tres años, frente a los cinco contemplada en el decreto en vigor, aunque amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja fuera todos los proyectos que no estén ya en obras.
De esta forma, quedarían totalmente paralizados proyectos urbanísticos como Novo Carthago, que contempla la construcción de miles de viviendas y varios campos de golf junto al Mar Menor. Esta urbanización llegó a invadir incluso terrenos protegidos junto al paraje de Lo Poyo, por lo que acabó también los tribunales de justicia.
Esta moratoria se hará extensible a los invernaderos y a las explotaciones ganaderas con el fin evitar el aumento de la contaminación que recibe la laguna salada y, sobre todo, la instalación de nuevas granjas porcinas.
También se reduce de cinco a tres años el plazo para elaborar un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenta del Mar Menor, que establecerá la regulación definitiva en todos los municipios afectados, dado que llegan a la orilla las escorrentías que se producen hasta en puntos de Fuente Álamo a través de los canales de drenaje del Trasvase y de las ramblas.
Elimina la posibilidad de autorizar obras junto a los núcleo urbanos al abrigo de la expresión «ampliación natural de los suelos urbanos consolidados», suprimiendo este término «ambiguo» para sustituirlo por el de «suelo urbano consolidado».
El PSOE entiende que la redacción introducida en el decreto genera inseguridad jurídica.
La franja de 500 metros desde la playa hasta el interior en la que está prohibida la utilización de fertilizantes que comportan la entrada de nutrientes al Mar Menor deberá ampliarse hasta los 1.500 metros en una disposición transitoria propuesta en el documento remitido a Ciudadanos. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista considera que en el futuro podría establecerse una delimitación diferenciada atendiendo a las condiciones que presentan los suelos en las diferentes áreas de la ribera de la laguna salada. No tendría por qué ajustarse a los 1.500 metros en todo el perímetro, si los estudios demuestran que son menos permeables a la filtración de nitratos.
En cualquier caso, el PSOE ve necesario «respetar las medidas de exclusión o limitación de fertilización que, en su caso, disponga el organismo de cuenca para la ordenación de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena».
Por otra parte, reduce de nueve a seis meses «el plazo máximo para dictar y notificar la orden de restitución» de los regadíos ilegales a «un estado natural» una vez que exista una resolución firme de la Administración y se regula el régimen sancionador por incumplimiento para evitar dilaciones.
En el artículo relativo a los puertos, que impide la construcción de nuevas dársenas deportivas, el PSOE propone también prohibir las ampliaciones de los ya existentes, evitando así que aumente el impacto de estas infraestructuras, que contribuyen al estancamiento de las aguas en las playas.
Igualmente propone realizar un estudio de «afecciones a la dinámica litoral en todos los puertos en el plazo máximo de un año, desvinculándolo de los procesos de prórroga o renovación de las concesiones y estableciendo a su vez un plazo de cinco años para la ejecución de las medidas correctoras». Para amortiguar el coste económico sugiere que «la Administración regional acordará con el concesionario las medidas necesarias, incluido, en su caso, el reequilibrio de la concesión». Estos estudios sobre «la dinámica litoral se realizaría en todos los puertos, con independencia del estado de la concesión», eliminando la disposición adicional sexta «que hace referencia específica a los puertos de Los Urrutias y Los Nietos».
Respecto al comité científico que asesora al Gobierno regional y propone las medidas necesarias para la recuperación de la laguna salada, la propuesta socialista reduce la presencia de la Administración a un tercio de sus miembros, de forma que dos terceras partes de sus integrantes «sean nombrados a instancias de centros de investigación, colegios profesionales y universidades».
El Comité de Participación Social del Mar Menor lo convierte en el Consejo del Mar Menor para que actúe como «un órgano consultivo» y también limita a un tercio la presencia de los representantes de la Administración.
