30 de mayo de 2020
30.05.2020
La Opinión de Murcia
Medio ambiente

Ecologistas, PSOE y Podemos se conjuran contra la ley ambiental

Redoblan el pulso a la reforma introducida por el Gobierno regional en el decreto de medidas para mitigar los efectos de la pandemia

29.05.2020 | 22:44
Limpian de algas las playas de San Pedro

PSOE, Unidas Podemos y las organizaciones ecologistas refuerzan el pulso contra el Gobierno regional tras la aprobación del decreto del Ejecutivo que reforma la Ley de Protección Ambiental y que finalmente será tramitado como ley, lo que abre la puerta a su revisión. El llamado «decretazo» aprobado por el Ejecutivo al amparo de las medidas para paliar la crisis causada por el coronavirus fue el eje central de la reunión que ayer celebraron ambos partidos para hacer seguimiento en Murcia del pacto alcanzado para la formación del Gobierno central. Por su parte, Ecologistas en Acción y Anse, que se han aliado para impedir la aplicación de la reforma, anunciaron este viernes que no asistieron al Consejo Asesor de Medio Ambiente como rechazo a lo que consideran «una burla».

La reforma introducida en el decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente' permite un aumento de las emisiones contaminantes y traslada a los ayuntamientos competencias de la Comunidad, como las evaluaciones de impacto ambiental necesarias para la aprobación de nuevos proyectos empresariales.

En un comunicado conjunto Unidas Podemos y el PSOE señalan que « han coincidido en actuar frente a los dos decretos aprobados por el Ejecutivo regional, que con la excusa de la mitigación de los efectos de la Covid-19, potencia un marco legal que ampara más contaminación para la Región, aprovechando esta crisis para desproteger el medio ambiente y generando inseguridad, además de poner en riesgo la salud de las personas».

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, considera que «el Ejecutivo regional está fomentando un nuevo modelo del pelotazo, como pone de manifiesto que las únicas medidas que ha tomado el Gobierno de López Miras sean las reformas de la legislación urbanística y medioambiental».

Sánchez Serna criticó que «la inmensa mayoría de los murcianos y murcianas ha sido abandonada por este Gobierno regional, que solo atiende a los intereses de los señores del ladrillo».

El PSOE indicó que ambas organizaciones «han compartido la perspectiva de un Gobierno regional que actúa con absoluta deslealtad respecto al Gobierno de España, algo que dificulta la aplicación de medidas de empleo y sociales tan importantes como la tramitación de los ERTE y las ayudas de alquiler». Su secretario general, Diego Conesa, dijo que «mientras el Gobierno de España trabaja por la Región de Murcia, el Ejecutivo de López Miras solo demuestra irresponsabilidad, sigue sin asumir sus competencias y se dedica a confrontar con el Gobierno de España».

Por otra parte, Ecologistas en Acción y Anse informaron ayer de que no asistirían a la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente como protesta por lo que consideran «una burla» del consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, al que ven «obsesionado por atacar al Ministerio para la Transición Ecológica y evadir las responsabilidades de la Comunidad ante la grave situación del Mar Menor, y que ha favorecido la descomposición del Comité Científico».

Añaden que «deja en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización, lo que favorecerá un crecimiento urbano-turístico aún más caótico, descontrolado y a la carta de intereses privados, y sin los necesarios controles ambientales y administrativos». Critican que la reforma permite «aumentar hasta un 30% sin control alguno el consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones», mientras que se sigue desmantelando la administración ambiental, colapsada por falta de personal y acumulación de expedientes.

La reforma también ha dividido a la Federación de Municipios, cuyos servicios jurídicos han alertado de que el decreto vulnera varios artículos de la Ley de Bases de Régimen Local.

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