Unas 20.000 familias de la Región que se ven en una situación crítica debido a la pérdida de ingresos que ha provocado la pandemia de coronavirus entre la población más expuesta al riesgo de pobreza podrán acogerse al ingreso mínimo vital aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Esta prestación va destinada a los hogares que han perdido más del 50% de sus ingresos y aspira a resolver situaciones críticas, como las que viven las familias monoparentales desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo. El Ejecutivo calcula que el desembolso medio por familia beneficiaria rondará los 4.400 euros anuales.

Aunque no se conoce con exactitud el número de hogares que podrán solicitar el ingreso mínimo vital en la Región, desde algunas instituciones se ha estimado que podrían llegar a los 30.000, teniendo en cuenta que Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de exclusión.

El diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, recordaba ayer que la Región «es una de las comunidades que más sufrían la pobreza ya antes de esta crisis, con 273.000 personas estancadas en la exclusión social, según el último informe FOESSA».

Esta ayuda se complementará con la renta básica que abona la Comunidad a varios miles de familias murcianas. Podrán pedir la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años que lleven al menos un año de residencia legal en España, pero también desde los 18 años o a partir de los 65 años si tienen menores a su cargo.

El Gobierno estima que destinará unos 3.000 millones para llegar a 850.000 hogares en toda España, en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.

El 16 % de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, con derecho a un complemento adicional de 100 euros al mes y de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que acabar con la pobreza extrema en España costará 6.405 millones de euros y que los 3.000 millones de euros que costará la implantación del Ingreso mínimo vital (IMV) aportarán el 46,8% del importe total necesario para que cuatro millones de personas salgan de una situación de pobreza extrema.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a las alrededor de 100.000 familias que ya están percibiendo una prestación por hijo a cargo.

Con el acuerdo alcanzado este viernes por el Consejo de Ministros el Estado va a garantizar a los hogares españoles una renta mínima de 10.070 euros de media al año (839,2 euros al mes), aunque la cuantía dependerá del número de miembros de la familia, con lo que partirá de 461,5 euros al mes para un solo adulto hasta 1.015,3 euros para familias de al menos cinco personas.

El ingreso mínimo vital aprobado este viernes por el Gobierno cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluido salario y prestación por desempleo) y la renta garantizada para ese tipo de hogar, con un desembolso medio estimado de 4.400 euros anuales por familia beneficiada.

Parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar.

El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, equivalentes a una pensión no contributiva.

A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales.

El delegado del Gobierno dice que sacará a muchas personas de la marginación

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, manifestó ayer su «satisfacción» por la aprobación este viernes en Consejo de Ministros del ingreso mínimo vital, una medida que ha calificado de «histórica» y que «fomentará la inclusión social de miles de familias vulnerables».

En un comunicado, Vélez indicó que «por primera vez un Gobierno ha tenido la valentía de afrontar un grave problema estructural para sacar de la marginación y exclusión social a miles de familias y hacer de la distribución de las rentas un mecanismo más eficaz». Su opinión es que esta prestación «nos convertirá en un país más justo y solidario y nos equiparará con los países europeos», agregó, tras destacar el carácter permanente de esta prestación, ya que «la pobreza es un asunto que nos preocupa mucho y que la crisis sanitaria de la Covid-19 no ha hecho más que agravar sus consecuencias». Entidades sociales, que llevan más de tres lustros demandando un ingreso mínimo estatal, han destacado el enorme impacto que va a tener para paliar las situaciones de mayor pobreza y piden que se faciliten los trámites para acceder a él. agencias