La Asamblea Regional convalidó ayer el decreto de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente, que será tramitado como decreto ley para que pueda abrirse al debate parlamentario tras haberlo pedido todos los grupos excepto el PP.
Durante la intervención del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Juan José Liarte, desveló que había recibido «presiones de distintos sectores de la economía murciana». En concreto, explicó que recibió la llamada de «una persona de una institución importante de esta Región» que llegó a presionarle «excesivamente» para que votara a favor de la admisión de este decreto.
La portavoz de Podemos, María Marín, señaló directamente en su intervención a la patronal de empresarios Croem de «guiar» al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, en la redacción de la nueva normativa.
En este sentido, el diputado socilalista Alfonso Martínez Baños afeó al Gobierno regional que use la pandemia para favorecer «beneficios privados».
Puntos polémicos
El polémico texto permitirá a las empresas ampliar su actividad sin una nueva evaluación de impacto ambiental si no hay un incremento de la contaminación de más de un 30%. También capacita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para realizar informes de impacto ambiental. En caso de tener una cifra inferior, el Consistorio podrá realizar un convenio con la Consejería de Medio Ambiente si no tiene los recursos necesarios para que ésta sea la encargada de llevar a cabo este procedimiento.
El decreto, tachado por PSOE y Podemos como un «atraco» y «asalto» medioambiental respectivamente, fue defendido por López Miras, asegurando ayer que las modificaciones de la ley de protección ambiental facilitarán la «creación de oportunidades» sin desproteger el medio ambiente.
