La justicia ha admitido a trámite una demanda interpuesta por el sindicato CSIF contra la Orden del 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia publicada. La vista para este demanda se ha señalado para el próximo 14 de junio.
El sindicato señala que el Real Decreto Ley 8/2020 establece el caracter preferente del trabajo a distancia y se reconoció a los trabajadores derechos de adaptación del horario y reducción de jornada. Esta norma continua en vigor y seguirá así hasta 3 meses desde el fin del estado de alarma. «Entendemos que la resolución recurrida, en tanto que establece la incorporación presencial de los empleados públicos, incluso de aquellos que han venido realizando sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, sin vinculación con las fases de desescalada establecidas por el Gobierno, y sin amparo en resolución alguna dictada por el Ministerio de Sanidad, contraviene las normas establecidas por las autoridades sanitarias que continúan vigentes que siguen dando preferencia al teletrabajo y pone en riesgo de contagio a la mayoría de empleados públicos con posibilidades de expansión de la epidemia».
El pasado 19 de mayo CSIF solicitó a la Administración que facilitase a las organizaciones sindicales el número de enfermos con Covid-19 desde la desescalada en la Administración Regional, el número de trabajadores en Incapacidad Temporal por COVID-19, los planes de higienización realizado en los centros de trabajo, los planes de higienización de los sistemas de ventilación y los Equipos de Protección Individual con los que se contaba.
Ante la nula respuesta, el sindicato señala que la Administración o «nos oculta la información para que no se sepamos el estado de salud de los trabajadores o ni tienen la información que le pedimos».
