Vox no quiere saber nada de sus tres diputados de la Asamblea Regional suspendidos de militancia por la dirección nacional. Después de haber despedido a cuatro personas que trabajaban para el grupo parlamentario -designadas desde Madrid-, y tras haberse hecho con el control de las cuentas, desautorizando al propio secretario general, Javier Ortega Smith, desde la gestora explicaron ayer que el partido se desvincula «de todas y cada una de las palabras u opiniones de los diputados «expulsados» Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano.

De esta manera, Pascual Salvador es el único autorizado por Vox para hablar en nombre de la formación en la Asamblea Regional, a pesar de que la Cámara autonómica no ha admitido a trámite la petición del pasado jueves 21 de la gestora de Vox y del diputado nacional Luis Gestoso de disolver el grupo parlamentario.

Esta comunicación oficial se hizo pública después de que el diputado Juan José Liarte reconociera durante el pleno de ayer por la mañana que había recibido «presiones» de «una persona de una institución importante de esta Región» para que votara a favor de convalidar el decreto de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área del medio ambiente.

En esa misma intervención, Liarte también se salió de la línea marcada por su todavía partido para condenar «sin paliativos» el ataque a la sede de Podemos en Cartagena el pasado fin de semana. «La utilización de la violencia es inaceptable», sentenció, al tiempo que se dirigía a la portavoz morada, María Marín, para asegurarle que esos vándalos eran ajenos a su formación: «No son de los nuestros y no comparten nuestras ideas; a lo mejor piensan que sí, pero no».

Marín, sin embargo, le recordó a Liarte que Vox, Partido Popular y Ciudadanos rechazaron apoyar una declaración institucional en la Asamblea para condenar el ataque. «Le honra que usted, a título personal, lo condene, y le agradezco el gesto», contestó.