"Todos los grupos políticos hemos tenido presiones de distintos sectores de la economía murciana para que el decreto saliera o no saliera". Con estas palabras ha reconocido Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, que los parlamentarios murcianos han sufrido injerencias para influir en el voto al decreto ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área del medio ambiente.

En concreto, se ha referido a la llamada de "una persona de una institución importante de esta Región" que llegó a presionarle "excesivamente" para que votara a favor de la admisión de este decreto.

En este sentido, la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, ha señalado directamente en su intervención a la patronal de empresarios Croem de "guiar" al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, en la redacción de la nueva normativa.

Desde el PSOE, el diputado Alfonso Martínez Baños afiermó que la salida de la crisis "será verde o no saldremos" y afeó al Gobierno regional que use la pandemia para favorecer "beneficios privados". Los socialistas consideran que el Ejecutivo de López Miras "se alinea con las tesis de Donald Trump" en lugar de hacerlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas.

Liarte, de Vox, ha criticado que la Región de Murcia esté condenada a tener "estructuras rígidas para el medio ambiente", considerando que el decreto que se debatía era "insuficiente". "Necesitamos un marco normativo completamente nuevo, una ley limpia y clara", en comparación con el texto que el Gobierno regional ha redactado, "con algunos artículos indescifrables", ha explicado Liarte.

Marín, de Podemos, ha defendido que la "agilización de trámites ambientales" a las que se refiere el Ejecutivo murciano en el decreto es "otro asalto" a la protección del medio ambiente.

El diputado Francisco Álvarez García, de Ciudadanos, remarcó que su grupo va de la mano con el Gobierno regional y añadió que es necesario "conjugar el disfrute de los murcianos de su patrimonio natural con la defensa del medio ambiente".

Juan Antonio Mata, del Partido Popular, por su parte, defendió que la ley de mitigación "agiliza inversiones y crea empleo y dota de más autonomía a las administraciones locales".

Finalmente, el decreto ley ha sido convalidado con el apoyo de PP y Cs y la abstención de Vox. Sin embargo, todos los grupos menos el PP han pedido que sea tratamitado como decreto ley, de cara a poder participar en su elaboración, algo que se ha admitido por unanimidad.

Los puntos polémicos de la ley

El decreto ley de mitigación del impacto económico de la Covid-19 modifica la ley de protección ambiental integrada. Entre estos cambios destaca que todas aquellas instalaciones que ya cuenten con una autorización ambiental podrán pedir una ampliación 'no sustancial' de las mismas sin necesidad de solicitar una nueva licencia y tendrán el visto bueno en un plazo máximo de 30 días. Estas ampliaciones se podrán llevar a cabo sin una nueva evaluación de impacto ambiental si no hay un incremento de más de un 30% de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, de vertidos a cauces públicos o al litoral, de generación de residuos, de consumo de materias primas o de afección a áreas de especial protección.

No se permitirá superar los valores límite de emisión permitidos ni la introducción de nuevos contaminantes. En la ley de Protección Ambiental este límite de emisión se situaba en un 15% ante la ampliación de unas instalaciones. Medio Ambiente argumentaba para ello que "la Región ha pasado del 15 al 30% con un criterio objetivo, tomando como referencia los valores aplicados por el Estado para la autorización ambiental".

El Decreto Ley capacita a los ayuntamientos para realizar informes de impacto ambiental siempre y cuando la población del municipio supere los 20.000 habitantes. En caso de tener una cifra inferior, el Consistorio podrá realizar un convenio con la Consejería de Medio Ambiente si no tiene los recursos necesarios para que esta sea la encargada de llevar a cabo este procedimiento.

El inicio de un procedimiento de evaluación, en su primera fase para determinar si el proyecto es viable o no en materia medioambiental, no durará más de tres meses. Este es el plazo que ha impuesto el Gobierno regional para no eternizar la respuesta administrativa a una solicitud de estas características.