26 de mayo de 2020
26.05.2020
La Opinión de Murcia
Medio ambiente

La reforma ambiental fulmina la paz entre los alcaldes del PSOE y del PP

Los populares ponen en duda el informe de la Federación de Municipios que alerta sobre los riesgos legales del "decretazo"

27.05.2020 | 01:02
Víctor López Abenza, vicepresidente de la Federación de Municipios.

La reforma de la Ley de Protección Ambiental aprobada por decreto el Gobierno regional dentro de las medidas para paliar los efectos del coronavirus, que ha sido bautizada como "decretazo, también ha roto el tradicional entendimiento entre los alcaldes del PP y del PSOE dentro de la Federación de Municipios de la Región (FMRM).

Tras la difusión del informe de los servicios jurídicos de la institución presidida por María Dolores Muñoz, la alcaldesa socialista de Bullas, en el que se alerta de que el decreto del Ejecutivo regional vulnera varios artículos de la Ley de Bases de Régimen Local y puede comprometer la seguridad jurídica de los consistorios, el PP pone en duda el pronunciamiento de los asesores legales y ha reclamado una reunión urgente de la comisión ejecutiva para cerciorarse. La petición la anunciaba ayer el alcalde de Ulea y vicepresidente de la FMRM, Víctor López Abenza 

Al igual que ocurrió antes con el decreto para la protección del Mar Menor, la reforma que aspira a simplificar los procedimientos para la autorización de los proyectos y la regularización de empresas puede tener que un tortuoso recorrido, porque Ciudadanos, que forma parte del Gobierno regional, también ha anunciado su intención de proponer que sea tramitada como proyecto de ley para que los grupos puedan proponer enmiendas.

Su viabilidad también se ve comprometida, ya que el secretario general de la FMRM, Manuel Pato, dio a conocer este lunes el informe que advierte de la inseguridad jurídica en la que quedan los alcaldes con la reforma de la Ley de Protección Ambiental, porque traslada a los municipios la obligación de realizar los informes técnicos y las evaluaciones de impacto ambiental que son competencia de la Comunidad Autónoma sin ningún tipo de compensación económica.

El alcalde de Ulea y número dos de la Federación ha respondido con la petición de una convocatoria "urgente y extraordinaria" de una comisión ejecutiva de la FMRM para que la presidenta «informe y dé cuenta de las decisiones que está tomando de espaldas a los ayuntamientos en estos momentos tan importantes para la sociedad".

López Abenza ha dicho que el informe jurídico al que hace referencia el secretario "ni se ha visto, ni se ha tratado en la FMRM, por lo que ni el Comité Ejecutivo ni la Asamblea, como órganos de representación de los 45 municipios, se ha posicionado ante la posible decisión de recurrir el decreto".

Culpa al secretario general del PSOE, Diego Conesa, y afirma que "la Federación de Municipios no es su cortijo. No vamos a consentir que se politice un órgano que debe ser imparcial", dijo el alcalde de Ulea.

Manuel Pato había destacado que el mayor problema lo tendrían los municipios más pequeños, que carecen de los medios para asumir unos procedimientos técnicos y administrativos tan complejos que el Gobierno regional no ha logrado resolverlos en varias legislaturas.

Avanzó también que la Federación tendría que acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno mantenía la reforma aprobada sin contar con los alcaldes, a los que les endosa nuevas competencias que no están recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local. Para presentar el recurso de inconstitucionalidad sería necesario el apoyo de siete de los 45 municipios de la Región.

Mientras tanto, la presidenta de la Federación de Municipios ha escrito una carta al consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luego, para pedirle que cree una mesa de negociación para buscar soluciones al dilema legal del decreto.

El mismo debate que ha suscita la reforma de López Miras entre los alcaldes se planteaba también este martes en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, en la que el portavoz del PP, Joaquín Segado, responsabiliza a Diego Conesa de «instrumentalizar» a los municipios, utilizando los mismos términos que el número dos de la Federación de Municipios.

Por su parte, el portavoz socialista reprochaba al presidente regional, Fenando López Miras, que «utilice como excusa la crisis de la Covid 19» para introducir una reforma de la normativa ambiental que tacha de «irresponsable y vergonzosa, en la que antepone una vez más sus intereses a los de la ciudadanía».

Diego Conesa anunció que en el pleno de control al Gobierno que se celebra el próximo miércoles en la Asamblea Regional, el Grupo Parlamentario Socialista preguntará a López Miras «cuál es la necesidad de modificar normas fundamentales por decreto ley, utilizando como excusa la crisis del Covid 19, para desproteger el medio ambiente en la Región, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía».

Al debate sobre la reforma de la ley también se han sumado las organizaciones Ecologistas en Acción y Anse, que se han aliado para impedir su aplicación.

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