La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha aprobado este lunes adelantar una semana, del 10 al 4 de junio, el inicio de actuaciones judiciales presenciales al actualizarse el plan de desescalada y reactivación de acuerdo a las nuevas previsiones del Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Según el acuerdo alcanzado en la reunión extraordinaria de esta mañana, "todas las citaciones para actuaciones programadas a partir de esa fecha deberán ser atendidas con normalidad por profesionales y usuarios, salvo en el caso de previa y expresa desconvocatoria o modificación por el órgano judicial, servicio, oficina o dependencia convocante".
Las oficinas judiciales "extremarán el cuidado" para que en el caso de suspensión de actuaciones programadas, sea comunicada a todos los participantes convocados: profesionales, partes, testigos, peritos o víctimas, para lo que se procurará la máxima coordinación y colaboración con los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales.
La administración de Justicia dará mañana un paso más en su particular desescalada y los juzgados entrarán en la fase 2, con la reincorporación a sus puestos de trabajo de entre el 60 y el 70 % de las plantillas, aunque los plazos procesales no se reactivarán hasta el 4 de junio.
El inicio de la fase 2 fue decidido la semana pasada por la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia, en la que participan el Ministerio, las doce comunidades con competencias, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
Según ha explicado el Ministerio, se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar las distancias de seguridad en los juzgados.
El retorno de los funcionarios a los juzgados, centrados en la prestación de servicios esenciales en el estado de alarma y con sólo el 10 % de las plantillas hasta hace dos semanas, es un paso más hacia la reactivación de la actividad, que se materializará el 4 de junio con la reactivación de los plazos procesales para tramitar todos los asuntos pendientes.
En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en la administración de justicia, ha exigido al Ministerio que aplique de forma efectiva las medidas de protección de la salud antes de cambiar de fase y ha exigido de nuevo la realización de test a todo el personal que se reincorpore.
Alerta CSIF de que pronto empezarán a señalarse juicios sin que se hayan establecido aforos máximos y de que se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, el uso de las salas de vista o el manejo de expedientes.
"Hace falta reactivar la administración de Justicia, pero la vuelta al trabajo debe hacerse de forma segura y con los medios de protección adecuados", destaca.
Al margen de las medidas de seguridad laboral, el Ministerio trabaja en estos momentos en el diseño de un plan de choque para reforzar los juzgados mercantiles, de lo social y de lo contencioso-administrativo ante el alud de casos que se espera que reciban relacionados con la crisis.
Según avanzó la semana pasada, su intención es poner además en marcha para finales de año 23 juzgados que atiendan de forma temporal los asuntos derivados de la crisis del coronavirus y que continúen su actividad en 2021.
