La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) no descarta acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno regional se niega a negociar la reforma de la Ley de Protección Ambiental, aprobada por decreto ley, que traslada a los ayuntamientos la obligación de realizar las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos, entre otras competencias, sin ninguna dotación presupuestaria. El secretario general de la FMRM, Manuel Pato, alerta de que los consistorios con menos de 20.000 habitantes no tienen capacidad para asumir las obligaciones que les impone el llamado «decretazo» del Gobierno regional y teme que la decisión unilateral puede poner en aprietos legales a los alcaldes y llevarlos a los tribunales.

El Ejecutivo regional ha aprobado esta nueva reforma de la Ley de Protección Ambiental de 2009reforma de la Ley de Protección Ambiental de 2009 acuciado por la patronal regional, con la pretensión de sortear los problemas jurídicos que obligaron a prescindir del ARCA en la anterior legislatura, al comprobar que no permitía desbloquear los proyectos de inversión y la regularización de empresas encalladas a causa de las trabas ambientales.

Sin embargo, Manuel Pato advierte de que, «según un informe de los servicios jurídicos de la Federación de Municipios», el decreto del Gobierno regional «puede vulnerar» los artículos de la Ley de Bases de Régimen Local que enumeran los servicios públicos que deben prestar los ayuntamientos.

El informe al que hace referencia el secretario general precisa que que «antes del decreto ley 5/2020 la evaluación ambiental de proyectos, las funciones de órgano ambiental correspondían siempre a la Consejería; con el decreto ley se transfiere y/o delega esas competencias a los ayuntamientos. Por lo tanto, los servicios jurídicos de la FMRM ponen en alerta esta cuestión, por considerar que tal y como se plasma en este decreto se pueden vulnerar los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local».

Pato considera que «con este decreto ley se olvida medir el impacto y proveer la dotación de recursos que garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos, pero tenemos el deber de recordárselo al Gobierno regional para evitar el correspondiente desequilibrio económico de las entidades locales».

Incluso llegaba a apuntar con ironía que con esta forma de trasladarles responsabilidades a los consistorios sin compensación económica alguna, «la Comunidad Autónoma puede haber encontrado la manera de resolver su déficit: delegar todas sus competencias a los ayuntamientos sin ningún coste para la Administración regional».

El secretario general sostiene que la función de la Federación de Municipios es defender a los alcaldes y recuerda que el decreto puede comprometer «la seguridad jurídica» de los ayuntamientos e incluso puede dar lugar a que algún regidor acabe ante los tribunales.

Ante las consecuencias que puede llegar a tener para los consistorios, Manuel Pato no descarta que la FMRM acabe acudiendo al Tribunal Constitucional para interponer un recurso contra el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno, que aún está pendiente del trámite parlamentario. Apuntó que para acudir a esta vía solo sería necesario el apoyo de «una séptima» parte de los 45 ayuntamientos de la Región, es decir, siete.

Reconoce que «hay alcaldes del PP y del PSOE» que están de acuerdo en asumir las competencias que pretende delegarles el Ejecutivo, pero sostiene que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no tienen los medios para realizar evaluaciones de impacto ambiental. Añade que, sin embargo, el decreto incluso ha reducido a la mitad el plazo que tenía la Comunidad para realizar informes sobre los proyectos empresariales, por lo que tampoco tendrían tiempo..

Recuerda que desde 1988 existe un acuerdo ente la Federación de Municipios y el Gobierno regional por el que reconoce a la FMRM como «interlocutor del Ejecutivo».