Adela Martínez-Cachá, exconsejera de Agricultura y Medio Ambiente y también de Educación en la Región de Murcia, seguirá investigada en el proceso judicial abierto contra ella a raíz de las obras de la tubería de la Marina del Carmolí en el Mar Menor. Así lo ha decretado el titular del juzgado número 2 de Murcia, Angel Garrote, tras estudiar la petición de sobreseimiento del procedimiento presentada por la defensa de la exconsejera y los escritos del Ministerio Fiscal y de Ecologistas en Acción que se oponían a dicha solicitud.
Considera el magistrado en un auto dictado este lunes que existen indicios suficientes para creer que tanto Martínez-Cachá como el que fuera director general de Agua de la Comunidad, Andrés Martínez, también investigado en el proceso, cometieron un delito de prevaricación y actuaron "omitiendo el pronunciamiento de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental sobre la necesidad de procedimiento de valoración ambiental" añadiendo además que "ambos conocían que este organismo debía informar previamente y que había una alta probabilidad de que se iba a pronunciar en el sentido de que sería preciso algún tipo de procedimiento de evaluación".
La conocida como 'tubería del Mar Menor', objeto de la disputa legal, partía desde la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad de Regantes Arco Sur atravesando el espacio protegido de la Marina del Carmolí, y fue construida con el objetivo de derivar caudales de la rambla del Albujón a los regantes de Arco Sur tras el informe publicado en 2016 por el Profesor Perez Ruzafa y la profesora Concepción Marcos Diego que concluía que la entrada de agua dulce y de nutrientes por el Albujón suponía una "situación crítica".
Las obras se iniciaron el 17 de agosto de ese mismo año y sólo un día antes el anterior director general de Agua había solicitado un informe a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, pero no esperó a tener el pronunciamiento definitivo del órgano para autorizarlas, como tampoco hizo Martínez-Cachá, contraviniendo así presuntamente las directrices establecidas y convirtiendo la obra en una actuación ilegal.
Esgrime también la sentencia que ya fuese " acuciados por la grave crisis ambiental afectante al Mar Menor, por la necesidad de agua de los
regantes, o por representarse la posibilidad de poder solucionar estos dos problemas de una manera rápida y expeditiva", ambos decidieron "imponer su propio criterio" en lugar de respetar las directrices a seguir.
"Se ha ejecutado una obra careciendo de las formalidades necesarias en materia medioambiental, y esta omisión ha provocado que la obra haya resultado ser manifiestamente inútil, con la consiguiente afectación injustificada del erario público por un importe de 1.762.711,79 euros", concluye la sentencia.
