La conciliación familiar y laboral, que se complica en tiempos del coronavirus con los centros escolares cerrados hasta septiembre, fue el centro de un enfrentamiento entre socialistas y populares en la jornada de ayer.
El diputado del PSRM Antonio José Espín exigió a López Miras la elaboración de un plan regional, acordado con los ayuntamientos y la Federación de Municipios, que prevea la apertura de espacios de conciliación a partir del mes de junio y durante todo el periodo estival. «Debe contar con una dotación presupuestaria de, al menos, dos millones de euros, que deberán ser transmitidos a los ayuntamientos», especificó.
Al paso de estas declaraciones salió la diputada del PP, Miriam Guardiola. Afirmó que «es de vergüenza que el PSOE ni se haya leído el Pacto por el Diálogo Social firmado por la patronal, los sindicatos y el Gobierno regional. El PSRM ha perdido el norte, la vergüenza y toda la credibilidad».
Y es que el punto 4.3 del acuerdo promete «diseñar e implementar medidas de conciliación laboral y familiar. Establecer medidas de apoyo para las personas trabajadoras que se acojan a excedencias, reducciones de jornada totales o parciales, con motivo de tener que atender el cuidado de un menor o persona dependiente como consecuencia del cierre de centros educativos y centros de día».
El programa, bautizado con el nombre de Reactiva Concilia, cuenta con un presupuesto de, precisamente, dos millones de euros para este año. La cifra exigida por los socialistas. Si bien es verdad que, hasta el día de hoy, no se conocen los pormenores de las medidas que se efectuarán, ni se han comenzado a implementar en la Región.
Los reproches cruzados de uno y otro partido fueron más allá. El diputado del PSRM afirmó que la pandemia «ha puesto en evidencia el endeble sistema de servicios de conciliación en la Región». Su homóloga en el partido de Gobierno contestó que «el PSOE pone, por encima de los intereses de los ciudadanos, las siglas».
