23 de mayo de 2020
23.05.2020
La Opinión de Murcia
Audiovisual

Hacienda no adoptará medidas cautelares contra Secuoya

TCERO Estudios ha pedido a la Consejería que impida los acuerdos de exclusividad con las productoras

23.05.2020 | 04:00
Juan Francisco Zambudio y Miguel Cardenal presentan el acuerdo entre TCERO y Mediapro.

La Comunidad Autónoma no adoptará medidas las cautelares contra la concesionaria de la televisión autonómica que ha solicitado el grupo audiovisual murciano TCERO Estudios. La compañía presidida por Juan Francisco Zambudio, que se ha asociado con Mediapro para competir por el nuevo contrato de La 7 en fase de licitación, ha denunciado ante el Servicio Regional de la Competencia a Secuoya por «un posible abuso de dominio».

Mientras se resuelve la demanda, TCERO Estudios ha pedido a este órgano de Defensa de la Competencia y a la Consejería de Hacienda que adopten medidas cautelares para eliminar los contratos de exclusividad que Secuoya ha firmado con las productoras audiovisuales y con trabajadores del sector de la Región, al considerar que esta práctica le permite competir con más ventaja en el concurso por el nuevo contrato de la televisión, tal y como avanzó La Opinión.

Ante la petición del grupo murciano que acusa a Secuoya de competencia desleal, la Consejería de Hacienda ha contestado que «estamos en una fase muy inicial de un expediente de contratación» y apunta que «se seguirán las indicaciones de la autoridad de Defensa de la Competencia, que todavía no ha comunicado nada a la Comunidad».

El grupo murciano que ha presentado la denuncia considera que los contratos de exclusividad firmados por Secuoya «impedirían que otras empresas pudieran optar al concurso en igualdad de condiciones, puesto que se estaría garantizando los medios materiales y los recursos humanos necesarios para poder acceder con ventaja a la nueva concesión administrativa».

TCERO añade que «esta táctica ilícita (considerando la posición de dominio de CBM, perteneciente al grupo Secuoya) privaría a los ciudadanos de la Región de Murcia, con cuyos impuestos se sufraga la televisión autonómica, de la posibilidad de que otro proyecto mejor resultara adjudicatario de la concesión de 7 TV».

Por eso, además de presentar la denuncia ante la Competencia, ha solicitado a la consejería de Presidencia y Hacienda, «que es el órgano contratante, el cese cautelar de la conducta prohibida y la eliminación de la cláusula de exclusividad en los acuerdos de colaboración que CBM haya podido imponer a los diferentes agentes del sector audiovisual murciano, instándole a que actúe con la debida diligencia y responsabilidad para garantizar la transparencia que debe presidir este proceso».

Recuerda que «la presunta infracción que ha sido objeto de denuncia puede comportar sanciones de multa de hasta un 10% del volumen de negocios total correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, o alternativamente, hasta de diez millones de euros».

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