La titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Murcia investiga si en una residencia de esta ciudad se produce un delito de detención ilegal. La jueza ha abierto diligencias previas tras la denuncia de una mujer que aseguró que en el centro Virgen de la Fuensanta le impedían ver a su madre, interna en este geriátrico.

Considera la jueza que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de detención ilegal», tal y como se lee en el auto. En la denuncia, la mujer explica que su progenitora se halla «en el régimen propio de una cárcel», pese a que en la residencia en cuestión, siempre según la denunciante, no ha habido casos de coronavirus.

Así las cosas, la magistrada pide, en un auto con fecha de 21 de mayo, un informe tanto a la Consejería de Salud como a la residencia «sobre la existencia, en su caso, de residentes o trabajadores contagiados por durante la vigencia del estado de alarma hasta fecha actual y el régimen de confinamiento y de visitas que rige en dicha residencia desde la declaración del estado de alarma hasta hoy».

Se da la circunstancia de que la denunciante, defendida por el abogado José Luis Mazón, es médica de profesión. Destaca la mujer que le consta que los internos «ni salen a los jardines, comen en las habitaciones; no se duchan, porque se ha sustituido por el baño en la cama, no se relacionan, se han fracturado todas sus esferas emocionales».

Asevera la denunciante que por parte de responsables del centro «la respuesta fue patética, por no decir nula», por lo que optó por llevar el caso a los tribunales.

De los ancianos internos en el centro, remarca que «la mayoría son dependientes y ya tienen las capacidades mermadas», lo que los hace más vulnerables.