A pesar de que aún no está claro si la derogación de la reforma laboral del Partido Popular -según se le pregunte al PSOE o a Unidas Podemos-, el anuncio conocido la medianoche del miércoles provocó una rotunda reacción en contra por parte del Gobierno regional y de los empresarios murcianos. No solo por la medida en sí, sino también por la tercera firma de ese acuerdo, la de EH Bildu.
«Que el PSOE pacte con los herederos políticos de ETA es muy preocupante. Que el pacto sea para dejar sin ERTE a miles de familias es indignante», denunciaba ayer por la mañana el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.
Poco después, la patronal de empresarios murcianos CROEM se sumaba a la organización nacional CEOE y denunciaban que la decisión no se haya tomado en la mesa de diálogo social, «que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y sobre todo sus socios de Gobierno, con Unidas Podemos a la cabeza, ignoran y desprecian». Según su presidente, José María Albarracín, «especialmente sangrante en el caso de Bildu, formación cuyo origen es conocido y cuyos intereses poco tienen que ver con los de un país del que no se siente parte».
La patronal denuncia la «contradicción» que supone esta medida con la iniciativa del Gobierno central de negociar con empresarios y sindicatos la implantación de medidas de flexibilidad en el ámbito laboral que garanticen la subsistencia de miles de empresas y millones de empleos» de cara a la crisis económica producida por la pandemia de coronavirus. CROEM entiende que el anuncio de derogación de la reforma laboral «incrementará la rigidez en el mercado laboral y se echarán por tierra los esfuerzos realizados para salvaguardar millones de puestos de trabajo a través de los ERTE».
La patronal de Cartagena COEC, por su parte, envió un comunicado en el que suscribe «íntegramente» lo dicho por sus colegas murcianos.
Horas después, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Ana Martínez Vidal, advirtió de las «consecuencias incalculables»Ana Martínez Vidal«consecuencias incalculables» que tendrá el pacto alcanzado por Pedro Sánchez con EH Bildu, que generará «inseguridad jurídica en un momento de especial dificultad» por la pandemia del coronavirus.
Además, tras lamentar que los partidos firmantes escenificaran ayer por la mañana sus discrepancias con respecto a esa reforma, lo que denota que «maniobran a golpe de improvisación y contradicciones», exigió a PSOE y Unidas Podemos que, antes de hacer nada, aclaren los términos del acuerdo.
Asimismo, la portavoz del Gobierno descartó que la polémica medida pueda afectar a la estrategia de reactivación económica de la Región de Murcia, ya que parte del presupuesto de la Comunidad y no habrá ninguna modificación normativa vinculante.
Declaración institucional
El Partido Popular registró ayer en la Asamblea Regional una declaración institucional que insta a la Cámara autonómica a expresar su rechazo al acuerdo suscrito por el Partido Socialista, Unidas Podemos y EH Bildu.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, manifestó ayer, en línea con el presidente López Miras, que ese pacto «supone un ataque a los principios básicos de nuestra democracia, ya que legitima a un partido que no condena la violencia terrorista y representa la herencia de la banda ETA».
Segado recordó también que «mientras el PSOE negociaba con Bildu en Madrid los términos del acuerdo, la izquierda radical atacaba el domicilio particular de la secretaria general de los socialistas vascos», Idoia Mendia.
Para el PP, la derogación de la reforma laboral en estos momentos «es preocupante, ya que 80.000 familias de la Región de Murcia están acogidas a un ERTE». Su portavoz se pregunta «qué pasará con ellas, aunque muchas no han podido cobrar por la incompetencia del Servicio de Empleo dependiente del Ministerio».
PSOE y Podemos recuerdan que era parte de su pacto de Gobierno
Francisco Lucas, portavoz del PSOE regional, defiende que la medida alcanzada ayer por el PSOE, UP y EH Bildu trata de acabar con «medidas lesivas» para los trabajadores, «como la subcontratación con salarios de miseria, la subordinación de los trabajadores en la negociación colectiva, la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos y la posibilidad de despedir a un trabajador enfermo por ir al médico». En ese acuerdo, señala, «no figura nada que no estuviera ya recogido en el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos».
La portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, celebró la noticia como «una victoria para los trabajadores» y acusó al Partido Popular de estar sufriendo «una clara pataleta, aventurándose a presentar mociones para que la institución se oponga a poner fin a este capítulo negro en la historia del derecho laboral». Además, Marín afirma que «López Miras miente cuando dice que supone dejar sin ERTE a miles de familias, ya que éstas se encuentran bajo el paraguas del estado de alarma». También recuerda que fue el PP quien «trató de acabar con esta herramienta de protección laboral cuando se negó a apoyar la prórroga».
