Alcaldes de municipios costeros como Cartagena, San Pedro del Pinatar y Mazarrón piden a la Delegación del Gobierno en Murcia que endurezca los controles tanto sanitarios como policiales ante la llegada de pateras a las costas de la Región, en un momento en el que el país sigue en estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que ha costado la vida a más de un centenar de personas en la comunidad murciana.

Efectivos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil rescataban entre el miércoles y ayer a 62 inmigrantes que viajaban a bordo de cinco embarcaciones frente a las costas de Cartagena y Águilas.

Dado el buen tiempo que hace, se espera que más pateras alcancen las costas de la Región de Murcia, con el estado de alarma aún vigente y el temor a un posible repunte del coronavirus.

El regidor de Mazarrón, el socialista Gaspar Miras, subraya que «hay que vigilar y aumentar los efectivos» para controlar la entrada de 'sin papeles' por mar. De ahí que solicita al departamento de José Vélez que «tome todos los medios que haya a su alcance» a este respecto.

Miras apunta que podría «controlarse» la patera y no dar lugar a que estas personas «lleguen a tierra y se puedan mezclar y socializar con el resto de la población», con el riesgo añadido de que puedan ser portadores del virus.

Insiste en que «tanto Delegación del Gobierno como Salvamento Marítimo y la Armada» cuentan con medios para hacer frente a hipotéticas llegadas de barcazas que puedan producirse estos días, por el buen tiempo.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, sentenció que «es necesario establecer mayores medidas de control en alta mar para evitar la llegada de las pateras a la costa y mejorar las medidas sanitarias de los profesionales para garantizar su seguridad».

Dos hombres llegados en una de estas barcazas el miércoles a la ciudad portuaria, que en principio dieron positivo en coronavirus, fueron sometidos a una segunda prueba que corroboró que no se encuentran contagiados.

Además, la regidora dijo que «no se pueden repetir episodios» como el del miércoles, cuando dos extranjeros saltaban la valla de la Comisaría de Policía Nacional. Uno de ellos fue localizado horas después en la calle Real por agentes de la Policía Local, a quienes opuso resistencia. Tres agentes que interceptaron a esta persona fueron mandados a sus casas, en cuarentena, hasta que se confirmó que este hombre no tenía coronavirus.

Castejón quiere que la Delegación de Gobierno «actúe con contundencia, y extremando las medidas de aislamiento y control, así como la seguridad y los medios sanitarios del personal».

Similar es la postura de la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, la popular Visitación Martínez, que remarca que «en la misma línea que el resto de municipios costeros, solicitamos a la Delegación de Gobierno que se habiliten los medios necesarios para evitar la llegada de pateras a nuestras costas». En cuanto al modo de hacerlo, considera que ha de ser «reforzando los servicios en alta mar».

Coincide con sus homólogos el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, al afirmar que la Delegación del Gobierno ha de incrementar ya el control en alta mar «sobre todo si hay previsiones de incremento de llegadas de pateras», aunque admite que, en lo que a su municipio respecta, no le consta que exista el problema.

Por su parte, Tomás Consentino, portavoz del equipo de Gobierno de Águilas, apuntó que «pese a que estamos en una emergencia sanitaria, la emergencia social que significa esta inmigración no para», a lo que añadió que «las condiciones meteorológicas son favorables y eso está provocando que se produzcan este tipo de desembarcos».

Apeló a la «necesidad de la vigilancia marítima para, en la medida de lo posible, controlar este tipo de llegadas y, en cualquier caso, seguir teniendo los medios para una atención como corresponde a estas personas».

Respuesta de la Delegación

El delegado del Gobierno, José Vélez, garantizó ayer el «cumplimiento riguroso de todos los protocolos en la gestión legal y sanitaria de los inmigrantes irregulares que llegan por mar a la Región de Murcia» y pidió a la alcaldesa de Cartagena «respeto por el trabajo que realizan cientos de servidores públicos, rigor en sus declaraciones, que, lejos de ayudar, genera incertidumbre en los ciudadanos y una innecesaria alarma social», indican fuentes de la Delegación del Gobierno.

«Los controles sanitarios están regulados por un protocolo nacional de Sanidad, y en la Región de Murcia, la autoridad competente es la Consejería de Salud, que determina las actuaciones a llevar a cabo. A todos los inmigrantes se les realiza un reconocimiento médico y, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Salud, también los test necesarios», remarca Vélez, y destaca que «ante cualquier síntoma son inmediatamente aislados para evitar riesgos para la salud del personal que los atiende».

Aboga el delegado por «dejar de utilizar este asunto con un interés político, mucho menos en casos como el asunto migratorio en el que la reacción ante dos posibles casos de coronavirus fue inmediata y resuelto satisfactoriamente, pues las pruebas realizadas resultaron negativas».