El melón se ha vuelto a abrir en Vox Murcia tras conocerse ayer que tres de los cuatro diputados del grupo parlamentario han sido suspendidos de militancia por el Comité de Garantías del partido. Se trata de su portavoz en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, y los diputados Francisco Carrera -que también es secretario de la Mesa- y Mabel Campuzano.
Hay dos motivos principales detrás del expediente abierto a estos dirigentes. El primero de ellos, el despido de cuatro trabajadores designados por la formación en Madrid para que trabajaran para el grupo parlamentario. «Aprovecharon esta situación -estado de alarma- para echar a la calle, sin avisar, a cuatro personas competentes», denuncian fuentes del partido. En el expediente se asegura que «menospreciaron» e «insultaron» a esos trabajadores, que testificaron ante la Comisión de Garantías.
Sin embargo, Juan José Liarte niega este trato vejatorio y asegura que los empleados afectados -entre los que se encontraba la responsable de comunicación, un documentalista y el coordinador- se dedicaban, precisamente, a trabajar «en contra del grupo parlamentario» y, en su opinión, intentaban que sus acciones en la Asamblea pasaran desapercibidas. «Si cobran dinero público para prestar un servicio al grupo parlamentario y se dedican a otras cosas, hablamos de malversación de caudales públicos. Yo avisé de lo que estaba ocurriendo a la dirección nacional y no hicieron nada, así que hablé con mis compañeros y les pedí que me apoyaran». Lo hicieron todos menos Pascual Salvador, que no ha sido expedientado.
El otro motivo de peso está en la asunción en exclusiva del control de las cuentas, tras revocarle los poderes al secretario general, Javier Ortega Smith, y al vicesecretario jurídico del partido, Pedro Fernández. En estas cuentas, el grupo recibe la asignación por parte del parlamento regional, que suele ser una de las principales fuentes de ingresos de los partidos con representación parlamentaria en la Región.
Juan José Liarte se defiende afirmando que esas personas ya no ejercen de abogados del partido. «En todo caso, habría que hacerle poderes a Marta Castro -actual vicesecretaria nacional jurídica-», explica. Además, señala que Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, «hizo lo mismo doce días antes» que ellos, por lo que se pregunta si a ella también le han abierto un expediente.
No abandonarán la Asamblea
Una vez que la Comisión de Garantías les ha comunicado a Liarte, Carrera y Campuzano su decisión de suspenderles de militancia, los diputados disponen de diez días para presentar alegaciones. Sin embargo, el portavoz del grupo duda de dar el paso: «De qué me va a servir».
Lo que sí tienen claro los tres dirigentes de Vox es que, acabe como acabe este proceso, no van a abandonar la Asamblea. «Hemos adquirido un compromiso con los electores que vamos a cumplir», sentencia Liarte.
