La sociedad TCERO Estudios, que preside el empresario murciano del sector audiovisual Juan Francisco Zambudio, presidente también del grupo GTM, ha denunciado a la concesionaria de la televisión autonómica 7 TV, la compañía Secuoya, ante el Servicio Regional de Defensa de la Competencia por «un presunto abuso de posición de dominio». Acusa a la compañía que gestiona el canal autonómico de obligar a las productoras de la Región a firmar acuerdos de exclusividad que le dan más facilidades para competir en la licitación abierta por la Comunidad Autónoma para adjudicar el contrato para los próximos cinco años, que supera los 77 millones de euros.
El grupo presidido por Zambudio, que es el propietario de Televisión Murciana, se ha asociado con Mediapro en una unión temporal de empresas (UTE) para competir contra Secuoya por el nuevo contrato del canal autonómico en licitación, que está a la espera de que se levante el estado de alarma y se reactiven los plazos administrativos suspendidos a causa del coronavirus.
Secuoya obtuvo la concesión de la televisión regional que expiró el pasado 30 de abril a través de la filial CBM Servicios Audiovisuales. Aunque la concesión vencida no contemplaba la posibilidad de nuevas prórrogas, a partir del 1 de mayo CBM ha seguido explotando La 7 gracias a un contrato de emergencia firmado por el Gobierno regional amparándose en el estado de alarma.
TCERO Estudios acusa a la concesionaria de obligar a las productoras de contenidos audiovisuales de la Región «a firmar acuerdos de colaboración con profesionales, en los que incluye cláusulas de exclusividad y confidencialidad», que le darían ventaja en el concurso. Según se recoge en la denuncia, Secuoya utilizaría esta fórmula «no sólo para garantizarse los medios materiales y humanos necesarios para poder acceder con ventajas a la nueva concesión administrativa, sino también para restringir la posibilidad de que otros licitadores puedan suscribir acuerdos de colaboración similares y concurrir en igualdad de condiciones a la licitación».
Ante esta situación, el grupo presidido por Zambudio ha pedido al Servicio Regional de Defensa de la Competencia que obligue al «cese cautelar de la conducta prohibida y a la eliminación de la cláusula de exclusividad en los acuerdos de colaboración que CBM (Secuoya) haya podido imponer a los diferentes agentes del sector audiovisual murciano», mientras analiza la denuncia formulada por TCERO.
También ha solicitado que «CBM informe en la sección de noticias de la página web del Grupo de Comunicación Secuoya de la incoación del expediente sancionador que se acuerde por parte del organismo regulador». TCERO precisa que la presunta infracción que ha sido objeto de denuncia puede comportar sanciones de multa de hasta un 10% del volumen de negocios total correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, o, alternativamente, hasta de 10 millones de euros».
La compañía que aspira a mantener el canal autonómico utiliza todas las bazas
La compañía Secuoya, que obtuvo la concesión de la televisión autonómica a principios de 2015, cuando el actual presidente de la Comunidad era secretario general de la mesa de contratación que le adjudicó el concurso, está utilizando todas las bazas a su alcance para volver a llevarse un contrato millonario, que supera los 77 millones de euros por un plazo de cinco años.
Si la adjudicación ya resultó polémica hace cinco años y acabó en los tribunales, esta vez han comenzado las desavenencias antes incluso de que se conozca el nombre del grupo ganador, debido a los tropiezos que ha sufrido el concurso: ha sido convocado con un año de retraso y ha forzado una segunda prórroga, que no estaba contemplada en el contrato.
Ante las reticencias de Ciudadanos a aprobar los pliegos del concurso elaborados por la Consejería de Hacienda sin dar ningún tipo de explicaciones al socio del PP en el Gobierno regional, la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual (Apromur) y a la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión (ARTV) convocaron una rueda de prensa en la que acusaron a Cs de poner en peligro la prórroga, que al final se ha salvado con un contrato de emergencia.
Ambas organizaciones niegan que aquella convocatoria pudiera estar promovida desde Secuoya.
