Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se han mostrado este lunes "profundamente alarmados" por los cambios legislativos que ha llevado a cabo el Gobierno regional, que prosiguen la tendencia de "desmantelamiento de la política ambiental".

En un comunicado, estas cinco organizaciones ecologistas han señalado que el ejecutivo, escudándose en la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus, ha enviado a la Asamblea Regional dos decretos leyes que modifican las leyes de Puertos, del Suelo, de Vivienda y de Protección Ambiental Integrada.

Para los ecologistas, las sucesivas reformas han ido siempre en el sentido de reducir tiempos, supuestos sometidos a evaluación y garantías administrativas y ambientales, mientras la administración ambiental se mantenía en una estructura infradotada de medios personales, económicos y materiales.

Así, han recordado que hace unos meses se propuso "externalizar" el personal que tramita las autorizaciones ambientales y se dedica a la inspección, para dejarlo en manos de un ente llamado Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA) formado por "personal precario y que no ofrece garantías de independencia y objetividad al servicio del interés público".

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones ambientales es el hecho de que se utilice la herramienta del decreto ley, que evita la participación pública, el dictamen de órganos consultivos, como el Consejo Jurídico o el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, y de otras administraciones.

Las organizaciones ecologistas han calificado las medidas como "decretazos" y han denunciado que los cambios más negativos son el aumento de la contaminación al permitir aumentar hasta un 30 % el consumo de recursos naturales, la producción de residuos, la generación de vertidos y emisiones "sin evaluación ambiental alguna".

También han censurado la "reducción de controles" poniendo en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y sus proyectos de urbanización y las "autorizaciones exprés", reduciéndose las garantías de evaluación adecuada y suficiente al disminuir los periodos de consulta y de información pública

En opinión de los ecologistas, los cambios legislativos aprobados en la Región de Murcia favorecen los beneficios privados a corto plazo a costa de eliminar una parte sustancial de los controles ambientales existentes, que son ya muy insuficientes, lo que tendrá muy negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud pública.

El colapso ecológico del Mar Menor, según estas organizaciones, al primar un beneficio privado empresarial que no genera mayor riqueza y bienestar para el resto de la sociedad, a los que se repercuten los problemas ambientales.