La Fiscalía Superior de la Región de Murcia y el Ministerio de Transición Ecológica han adoptado posturas idénticas con respecto a quién debe hacerse cargo de la degradación del Mar Menor amparándose en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente deberá incoar los expedientes administrativos que sean necesarios a los causantes de los vertidos contaminantes al Mar Menor para que los mismos asuman la reparación del daño y conseguir así que la laguna vuelva a su estado anterior, según se recoge en el requerimiento hecho por la Fiscalía Superior de la Región de Murcia.
El acuerdo señala que esta actuación que ahora se emprende se basa en el principio de que quien contamina paga y que la misma es independiente de cualquier otro proceso civil, penal o contencioso-administrativo que se encuentre abierto o pueda incoarse en el futuro por el mismo motivo.
El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, indica en el requerimiento hecho a la Consejería que esta debe tener como personado al ministerio público en los expedientes que se abran a las personas físicas o jurídicas causantes de los vertidos y que deberá ser informado del desarrollo de los mismos para que en cualquier momento pueda adoptar las medidas que procedan.
Señala así mismo que la administración regional deberá acudir a la ejecución forzosa de las medidas que se determinen en los expedientes si sus responsables no asumen la reparación del daño causado de manera voluntaria.
La Fiscalía recoge también en su acuerdo que el mismo se basa, entre otra normativa, en lo dispuesto en la ley de 2007 que introdujo un procedimiento administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de que quien contamina, paga.
El Ministerio de Transición Ecológica ya requirió el pasado 7 de febrero a la Consejería de Medio Ambiente abrir un procedimiento de responsabilidad ambiental por el estado del Mar Menor. El Gobierno central pidió entonces a Ejecutivo autonómico que proceda a identificar qué actividades económicas o profesionales son las causantes de los daños o riesgos medioambientales constatados por los informes técnico-científicos a los que ha tenido acceso el Ministerio. Hasta ese momento, según indicó Transición Ecológica, el Gobierno regional no dio respuesta a este requerimiento.
La Consejería por su parte defiende que sí hubo respuesta al Ministerio el 2 de marzo, señalando que este departamento estaba valorando y analizando la aplicación de la ley de responsabilidad ambiental debido "a la situación por la que atraviesa el Mar Menor". Esta respuesta se emitía como contestación a los requerimientos del Ministerio realizados a la Consejería el 7 de febrero y posteriormente el 20 de febrero.
La contaminación del Mar Menor es objeto también de la causa penal que se instruye en un juzgado de Murcia y en la que figuran ya más de un centenar de investigados, entre personas físicas y jurídicas.
Ya están identificados
La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, señaló ayer tras el Consejo de Gobierno que la comunidad autónoma inició hace un mes, el pasado 14 de abril, el expediente de responsabilidad medioambiental para localizar a las empresas que podrían haber contaminado la laguna y señaló a preguntas de esta redacción que ya tienen identificados desde entonces a los «agentes económicos potencialmente contaminadores o que se haya demostrado que son contaminantes».
En cuanto a cuándo remitirán a la Fiscalía las resoluciones de los expedientes administrativos incoados por contaminación a la laguna, la portavoz señaló que «de forma inminente, en breves días o semanas se hará llegar esa documentación» al instituto público.
Estas actuaciones que dieron comienzo al expediente de Diligencias Previas de Investigación en el ámbito del Mar Menor por parte de la Consejería se iniciaron con el nombramiento de la instructora que va a llevar a cabo los trabajos por parte del Servicio Jurídico.
En el marco de estas actuaciones, el pasado 29 de abril, el consejero Antonio Luengo solicitó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la convocatoria extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno con la inclusión en el orden de día de un punto para dar cuenta del inicio del expediente de Diligencias Previas de Investigación, ya que la CHS es una de las «administraciones que han identificado operadores responsables».
