Ecologistas en Acción y Anse se han unido para tratar de impedir la aplicación del decreto aprobado por el Gobierno regional la pasada semana para simplificar los trámites ambientales que deben cumplir las actividades empresariales y los nuevos desarrollos urbanísticos con la reforma de la Ley de Protección Ambiental de 2009. Según explicó Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, ambas organizaciones están dispuestas a estudiar «todas las vías legales» para impedir «el decretazo» que supondrá «un aumento de los riesgos para la salud pública, la calidad ambiental y la conservación de la naturaleza».

Luengo reprocha al Ejecutivo regional que haya tratado de camuflar una reforma de la legislación ambiental que tenía preparada desde hace meses dentro del llamado decreto de Mitigación del Impacto Socioeconómico de la Covid-19 en el área de Medio Ambiente, junto con las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus, con el objetivo de rebajar las exigencias y los requisitos que deben cumplir las empresas para conseguir que se les autoricen sus proyectos.

Critican igualmente que el Ejecutivo de Fernando López Miras haya utilizado la vía del decreto para «sortear los controles legales del Consejo Jurídico, del Consejo Económico y Social y el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, al igual que hiciera con la tramitación del Decreto Ley del Mar Menor». Añaden que la reforma rebaja «los controles y garantías previos a las ampliaciones industriales, reduciendo supuestos y tiempos de evaluación ambiental y permitiendo que se aumente hasta un 30% el consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones»

Ecologistas en Acción y Anse recuerdan que el nuevo intento llega después del fracaso de la llamada ARCA (Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente) y destacan que, lejos de aportar medidas para paliar los efectos de la pandemia, «las reformas propuestas no supondrán mejora social alguna. Más bien al contrario, al permitir aumentar la contaminación por residuos, emisiones y otras vías, lo que sin duda afectará a la salud de los ciudadanos, degradará la calidad de vida y tendrá impactos negativos en la conservación de la naturaleza».

El nuevo intento de reforma de la tramitación ambiental ha vuelto a chocar con la oposición de PSOE y Unidas Podemos en la Asamblea Regional, mientras que la Federación de Municipios de la Región ha advertido de que los ayuntamientos no tienen medios para asumir las nuevas competencias que les confiere el decreto, entre las cuales citaba el control de las quemas agrícolas. Se queja igualmente que de los alcaldes no han sido consultados antes de la aprobación de la reforma, en contra una práctica que se ha mantenido desde 1988.

El portavoz de Ecologistas en Acción destacó que el mayor problema al que se enfrentan los ayuntamientos será la incapacidad para realizar las evaluaciones de impacto ambiental, «porque carecen de técnicos y de equipos profesionales». Ante la falta de personal de los consistorios, niega que la cesión de nuevas competencias pueda evitar el colapso que existe desde hace años en los proyectos ambientales.