El Gobierno de Murcia no bajará las tasas universitarias si el central no lo compensa financieramente, según el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas.

Su respuesta llega este lunes tras la derogación el pasado martes en el Consejo de Ministros del sistema de horquillas instaurado en 2012 por el PP, que supuso un aumento en el precio de la matrícula universitaria y perjudicó al estudiantado.

El pasado jueves, en la Conferencia General de Política Universitaria, integrada por el Gobierno central y los autonómicos, el ministro de Universidades, Manuel Castells, propuso retrotraer el precio máximo al existente en cada comunidad en el curso 2011-2012 para la primera matrícula de grado.

"Nos encantaría poder bajar todavía más los precios, como solicitan los alumnos, pero para ello es imprescindible una compensación justa desde el Gobierno central, teniendo en cuenta además que somos una de las comunidades más infrafinanciadas del país", ha indicado cuatro días después Motas en un comunicado.

Ha recordado que las tasas de Murcia, de 15,58 euros por crédito en el curso 2018-2019, se encuentran por debajo de la media del país", de 17,55, y son las sextas más bajas por regiones tras las de Andalucía, Canarias, Cantabria, Extremadura y Galicia.

Las superan Cataluña, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha.

"Una bajada de los precios supondría una caída de ingresos para las universidades, que deberían replantear su presupuesto", dice Motas, que añade que "el Gobierno central ha hecho una declaración de intenciones, pero es precisamente el que debe dar respuesta a la demanda que pone sobre la mesa".

Por último, ha indicado que propuso a Castells que tuviera en cuenta la crisis de la Covid-19 y modificara los parámetros de las becas para el próximo curso, pero desestimó la propuesta de que se tuviera en cuenta no solo el IRPF de 2019, sino también deducciones de la renta familiar para estudiantes de familias afectadas por cierres, despidos o expedientes de regulación de empleo temporales.