Esta semana se han conocido los dos primeros Decretos-Ley aprobados por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado que en ellos "no se recoge ninguna medida para reforzar el sistema sanitario, ni tampoco para ayudar a los trabajadores afectados por los ERTE o los autónomos, como si han hecho otras comunidades".

Marín ha señalado que mientras en la Comunidad Valenciana se han puesto en marcha ayudas propias de hasta 600 euros para los trabajadores y trabajadoras, o 1.500 euros para los autónomos, en Asturias cuentan con 400 euros en ayudas para el alquiler de locales de pymes y autónomos, o en Cantabria aprueban cheques de resistencia de 1.200 euros para mantener las pequeñas empresas, en la Región de Murcia "las medidas adoptadas por López Miras hasta el momento anteponen los intereses de la CROEM y los señores del ladrillo al bien común de los murcianos y la recuperación económica".

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha denunciado que las modificaciones de Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada "comparten el mismo espíritu: eludir controles para rescatar la economía del pelotazo".

Según ha explicado Marín, el cambio normativo de la Ley del Suelo "traslada a los Ayuntamientos la última palabra sobre los planes de ordenación del litoral". Además, la modificación conocida ayer de la Ley de Protección Ambiental "también les da la última palabra sobre la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo y se elimina la necesidad de una nueva evaluación ambiental para los proyectos de ampliación que no impliquen una superación del 30% de vertidos o el 30% de emisiones a la atmósfera".

El Gobierno Regional volvería, de esta forma "a las mismas recetas que provocaron la burbuja del ladrillo y la crisis de 2008, en la que 39 de los 45 municipios de la Región se vieron envueltos en casos de corrupción", ha añadido.

Para la portavoz de Podemos, estas modificaciones suponen además una "grave irresponsabilidad" y ha cuestionado que se haya tenido en cuenta el efecto que van a tener estos vertidos sobre "un Mar Menor en colapso" o sobre "la calidad del aire ciudades como Murcia o Cartagena".

Marín ha recordado que la capital de la Región ya vivió cinco alertas por contaminación del aire entre noviembre y febrero, y ha asegurado que de seguir en esa línea "el Gobierno Regional condenará a los murcianos y murcianas al uso permanente de mascarillas, ya no solo por los virus, sino por la mala calidad del aire".

Además, desde Podemos señalan que estas medidas "no responden a las necesidades de la Región tras la pandemia", sino que utilizan la crisis sanitaria del coronavirus para "volver a la senda de la Ley de Aceleración Empresarial de 2018, que ya fue tumbada parcialmente en diciembre de 2019 por el Tribunal Constitucional tras el recurso de Podemos".

Por ello, Marín ha anunciado que desde su formación están "estudiando recurrir de nuevo al alto tribunal para que sea éste quien proteja los derechos de los murcianos y murcianas, frente a un Gobierno Regional temerario e irresponsable".

Además, la diputada ha apuntado que estas modificaciones legislativas anunciadas por el gobierno regional "en nada van a ayudar a mantener el empleo" y ha recordado que dos de cada tres puestos de trabajo son generados por pymes, a lo que hay que sumar los 100.000 autónomos con los que cuenta la Región de Murcia". "El gobierno de López Miras los deja en la cuneta, mientras mima a los peces gordos del ladrillo", ha concluido la portavoz.