La Asamblea Regional ha convalidado el decreto-ley de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox; la abstención del PSOE y los votos en contra de Podemos. A pesar de eso, los grupos han acordado por unanimidad también su trámite como proyecto de ley, por lo que podrá modificarse el contenido del mismo.
El PSOE ha pedido durante su turno de intervención el trámite como proyecto de ley por "no haberse consensuado con colectivos sociales" y por ser, a su juicio "mejorable en muchos aspectos" se han sumado el resto de los grupos parlamentarios. Después, en sus intervenciones, el resto de grupos parlamentarios también han manifestado su predisposición a que el decreto se tramitara como proyecto de ley.
Durante su exposición, el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para "trabajar de forma conjunta por la Región", motivo por el que ha justificado la elaboración de dicho decreto-ley ya que "hay que adoptar medidas excepcionales ya para sentar bases de reactivación de la economía. Tiene medidas imprescindibles para poder luchar contra enorme crisis y dota a la administración de imprescindible agilidad para garantizar la seguridad jurídica y preservación de valores ambientales".
El consejero ha enunciado alguna de las medidas de dicho decreto como que se ofrece la posibilidad a 650 familias de que tengan en propiedad la vivienda social en la que residen desde hace más de 25 años; se refuerza el servicio de mediación hipotecaria; se eliminan las trabas burocráticas para los 5307 vecinos de Lorca que se enfrentan a la fase final de la justificación de las ayudas concedidas con motivo de los terremotos; en el sector del taxi se plantea la introducción de tecnologías móviles y la ampliación de la capacidad de los mismos y "se incrementa la gestión sostenida de los puertos y se agilizan los trámites con menos burocracia pero con las máximas garantías jurídicas y ambientales".
El socialista Alfonso Martínez ha criticado la forma con la que el Gobierno regional ha llevado el decreto-ley a la Asamblea. "Es un decreto ley hecho a espaldas de la mayoría social de la Región", ha dicho durante su intervención recordándole que ni lo han consensuado con ellos ni con colectivos afectados por el mismo como el sector del taxi, los afectados por la hipoteca o los ecologistas.
También le ha afeado que no se aceptara la propuesta del alcalde de Lorca de que la medida que afectaba a su municipio fuera en otro documento, "cuando el tema de los afectados por el terremoto de Lorca siempre hemos estado todos de acuerdo y se ha buscado un consenso".
"Insisten en su política neoliberal de desregulación de la actividad económica", ha afeado al Gobierno regional el socialista Martínez Baños. En ese sentido, ha expuesto que su grupo "no está de acuerdo en la mayoría del contenido" del decreto.
Se ha referido así a la modificación de la Ley de Puertos para que se permita adaptar instalaciones existentes a nuevos usos, "aunque la Ley de Costas no lo permite". El socialista también discrepa de que "la capacidad de los taxis o la contratación de conductores asalariados esté en manos de los ayuntamientos" o en la eliminación del registro de demandantes de vivienda pública. "Estas medidas no van a contribuir a la recuperación de la actividad económica", ha sentenciado.
Desde Podemos, la diputada María Marín ha asegurado que su grupo no ve "ninguna necesidad de la ciudadanía en este decreto". Según ha apuntado desde la tribuna, cuando la Región "vive una crisis y se necesitan ayudas para la vivienda", además, ha señalado que la "liberalización de los puertos añade más presión al Mar Menor".
Desde Podemos están estudiando, ha anunciado, la constitucionalidad de esta norma y ha asegurado que les produce "rechazo esta forma de gobernar sin transparencia, sin participación y con desprecio del bienestar y del medio ambiente y del interés común".
El portavoz de Vox, Juan José Liarte, considera que partes del decreto "atienden más a la reparación de problemas surgidos de la DANA, ya que las medidas en materia de vivienda no tienen una relación directa con las circunstancias que la Covid-19 haya podido traer".
También dice que no se puede dejar al criterio de los ayuntamientos el hecho de que un taxista pueda tener o no una segunda actividad empresarial. "Son medidas positivas, pero insuficientes", ha advertido, afeando al Gobierno regional "el abuso que está haciendo de estos decretos".
El diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, confía en que el Gobierno regional "va a cumplir con la legislación" y ha advertido que su grupo son más de "poner soluciones que trabas". A su juicio, el Gobierno regional "debe poner recursos para facilitar la recuperación". De ahí el voto a favor de Ciudadanos para convalidar el decreto "votamos a favor porque la salida a esta crisis tienen que suponer facilidades y ser compatible con dar seguridad jurídica. Es una oportunidad para dar cabida a diferentes sectores y cambiar lo que no funciona", ha dicho añadiendo que su voto a favor del trámite como proyecto de ley servirá para que "si puede haber alguna medida que ayude a mejorar el decreto, se mejore".
Por último, el diputado del PP, Juan Antonio Mata, ha reconocido la labor del consejero que "ha sabido actuar con inteligencia, rapidez y valentía, convencido de la recuperación económica y social". "Este decreto apuesta por una economía y una sociedad más sostenible, que da más competencia a los ayuntamientos, que protege a los taxistas autónomos, que libera de burocracia a los afectados por los terremotos y que garantiza una vivienda pública", ha dicho. Ha respondido a las críticas de PSOE y Podemos diciéndoles que "ha sido su gobierno nacional el que ha aprovechado el caos del estado de alarma para legislar a espaldas".
