Los casi 330 trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS) y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que han contraído el coronavirus en su centro de trabajo debido a la falta de medidas de prevención o a la utilización de equipos que no servían para garantizar la seguridad podrán reclamar entre un 30 y un 50% de incremento en su prestación de baja, según ha informado CSIF. El sindicato sostiene que «la Ley General de Seguridad Social establece un recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional» a la que podrán acogerse los empleados de la Comunidad Autónoma que se han contagiado en el desempeño de su actividad laboral.
Según los datos disponibles hasta ahora, en el Servicio Murciano de Salud han contraído el coronavirus 203 empleados, 165 de los cuales son profesionales sanitarios. La Consejería de Salud ha recordado que el SMS tiene más de 21.000 trabajadores , por lo que resulta una cifra reducida.
En el IMAS, que emplea a varios miles de personas, el número de contagios entre los trabajadores de las residencias de mayores y de personas con discapacidad asciende a 126, según los datos facilitados por CSIF. La residencia de personas con discapacidad de Churra es uno de los centros que mayor número de contagios ha registrado tanto de trabajadores como de usuarios, lo que ha dado lugar a la presentación de una querella por parte de la Fiscalía. El sindicato ha anunciado que va a empezar a tramitar «la solicitud del recargo por lesiones debidas a falta de medidas de protección» a sus afiliados, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social.
El presidente autonómico del sindicato, Juan Miguel Blanco, sostiene que «todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 por ciento a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios o los tengan inutilizados o en malas condiciones».
También podrán reclamar este recargo los trabajadores que puedan haberse contagiado porque «no se han observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador».
CSIF considera que «se han dado las circunstancias más que suficientes y además reconocidas por la propia Administración, tanto de falta de equipos de protección individual, colectiva, pruebas diagnósticas de la Covid-19, que han originado a los trabajadores una situación alarmante de infectados, enfermos, incluso fallecidos, con independencia de que, a su vez, se agravan por ser fuentes de contagio en otros ámbitos bien familiares o laborales, además de contagiados».
El sindicato recuerda que la OMS declaró el pasado 30 de enero la Emergencia de Salud Pública Internacional por Covid-19, pero «nuestro Sistema Nacional de Salud no se había provisto de los equipos de protección necesarios para sus profesionales, garantizando con ello la seguridad y salud en el trabajo. Esta falta de previsión ha dado como resultado que España sea el país donde más personal se ha contagiado», se lamenta.
El empresario infractor es el que debe pagar
Juan Miguel Blanco, presidente autonómico de CSIF, precisó que la responsabilidad del pago del recargo en la prestación por enfermedad profesional «recaerá en el empresario infractor». No obstante, la Comunidad también podría escudarse en la responsabilidad del Ministerio de Sanidad, si el contagio ha podido producirse a causa de la utilización de material defectuoso como las mascarillas que fueron retiradas unos días después de empezar a ser utilizadas en los centros hospitalarios.
Desde la Consejería de Política Social aseguran que en las residencias públicas del IMAS (seis para personas con discapacidad y cinco para mayores) hay tres trabajadores que han dado positivo en coronavirus. En las concertadas el número asciende a 79.
Los tres casos confirmados en residencias públicas se corresponden con los centros de Churra, Obispo Azagra y Virgen Del Valle. Dos de ellos no se contagiaron en residencias, precisaron fuentes de la Consejería.
