La televisión autonómica sigue funcionando desde la pasada medianoche gracias a un contrato provisional que la Comunidad Autónoma ha adjudicado a dedo a Secuoya, la empresa que obtuvo en 2015 la concesión que expiraba el 30 de abril. El Gobierno regional pretendía prorrogar la concesión mientras se resuelve el nuevo concurso, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 18 de marzo, cuando faltaba menos de un mes y medio para que venciera la concesión de Secuoya, pero como el estado de alarma ha suspendido los plazos administrativos, se ha amparado en el coronavirus argumentando que no daba tiempo a que «el concurso esté resuelto para esa fecha».

La ya exconcesionaria gestionará el canal autonómico a partir de ahora en las mismas condiciones y con la misma dotación presupuestaria del contrato vencido.

Los trabajadores de la televisión autonómica y las productoras que trabajan para Secuoya están en vilo desde que en marzo de 2019 el Gobierno dio el primer paso para poner en marcha el nuevo concurso y después anuló el anuncio que había publicado en el Boletín Oficial de la Región (BORM), dejando en suspenso un largo proceso administrativo que ha necesitado un año para que el pliego de condiciones llegara al BORM.

La continuidad de las emisiones a partir del 1 de mayo era una incógnita, dado que el propio contrato firmado en 2015 por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, cuando era secretario de la Consejería de Hacienda, impedía que hubiese otra prórroga. De la solución legal que pudiera adoptar la Comunidad dependían varios cientos de puestos de trabajo y el propio canal autonómico.

Además, pese a tratarse de un contrato para cinco años por importe de 75 millones de euros, el Ejecutivo regional aprobó el pliego de condiciones del concurso que ahora está suspendido con la abstención de los cuatro consejeros de Cs, lo que ha acrecentado la inquietud del sector audiovisual de la Región ante un posible cese de La 7.

Finalmente, el Ejecutivo ha dictado una orden en la que adjudica unilateralmente a Secuoya un contrato provisional, escudándose en que la pandemia de coronavirus impide recurrir a cualquier fórmula de licitación pública para mantener un servicio considerado básico en este momento «La no prestación de este servicio esencial de interés económico general conlleva un grave peligro, ya que supondría la interrupción de un servicio público que, en una situación de pandemia como la actual, es el principal medio de comunicación social por el que muchos de los ciudadanos de nuestra región acceden a una información de carácter local, veraz y actualizada, tal como ha ocurrido en anteriores situaciones de emergencia», indica el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, en la orden. Añade que «un cambio de empresa supondría unos plazos que conllevarían la indisponibilidad del servicio durante un tiempo que vendría a ser equivalente al tiempo estimado para el inicio de las emisiones por parte del adjudicatario del nuevo contrato para la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la Comunidad».