El Gobierno de Murcia no puede actuar contra los regadíos ilegales en la zona del Mar Menor denunciados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) hasta que el órgano de cuenca no le comunique en firme esos expedientes, lo que aún no ha hecho pese a habérselos reclamado ya dos veces desde febrero.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa por videoconferencia el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras reunirse junto a la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Cristina Sánchez, con representantes de la patronal cartagenera para analizar la evolución ambiental de la laguna salada.
Tras recordar que se los solicitó en la última reunión de la Junta de Gobierno de la CHS el 27 de febrero y por escrito a través de la Dirección General de Agricultura autonómica el pasado 8 de abril, sigue sin obtener respuesta, por lo que ha solicitado a ese organismo una nueva convocatoria extraordinaria y urgente de esa junta.
"En 2019 - ha recordado Luengo- nos presentó 78 expedientes y 21 en 2020, 99 en total, pero 21 estaban fuera del ámbito del Mar Menor, en Jumilla y otras zonas, por lo que habría que actuar sobre 78 cuando tengamos esa comunicación en firme que exige la ley" para poder incoar la restitución de esos terrenos supuestamente ilegales a secano o a su estado original en el ámbito de competencias del decreto ley autonómico de protección integral de la laguna salada.
También quiere que el presidente de la CHS, Mario Urrea, facilite los análisis científico técnicos sobre los niveles de concentración de nitratos actuales en el acuífero para evaluar los resultados de las medidas tomadas en origen por el Gobierno autonómico, los agricultores y los ganaderos basadas en la normativa autonómica.
Y que explique si la CHS "ya ha desmontado las infraestructuras de riego ilegales de alguna de las parcelas que ha denunciado".
Preguntado si con los niveles actuales -a 21 de abril- de temperatura del agua en el Mar Menor (19 grados centígrados) y clorofila (2,4 microgramos por litro, "elevada", según Luengo) pueden repetirse episodios de "sopa verde" como los de 2016 y 2017, ha opinado que no parece apuntar a ello, pero la subida de la temperatura podría complicar el escenario y los riesgos.
Respecto a otra posible mortandad masiva de peces y otros animales por falta de oxígeno en el agua, ha indicado que sí sería posible con la actual salinidad, de 37,75 gramos por litro, casi igual que la del Mediterráneo y por debajo de la que suele tener en esta época del año, tras la entrada de 137 hectómetros cúbicos (hm3) de agua dulce de las últimas cuatro gotas frías desde septiembre de 2019.
Tanta agua dulce sobre una ecosistema ya en estado delicado es un factor de riesgo para un nuevo episodio de anoxia como el registrado el 12 de octubre de 2019 en la playa pinatarense de Villananitos, pero aunque ha habido momentos de estrafiticación de bloques de agua por salinidades estos últimos meses, "por suerte la han ido rompiendo los vientos", ha declarado.
Ha vuelto a instar por enésima vez al Gobierno central a tomar las medidas del plan de eliminación de vertidos, en especial el bombeo de la rambla del Albujón, por donde desde noviembre de 2019 han entrado 7,7 hm3 de agua y 1.600 toneladas de nitratos, ha detallado.
Ha arremetido contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y sus "entrevistas incendiarias y amenazadoras: Ya está bien. Necesitamos acción y presupuesto. El Mar Menor no tiene espera", tras lo que ha vuelto a pedirle un comisionado especial encargado de la laguna salada.
Además de la preocupación por los nuevos efectos de la crisis de la Covid-19 les está generando, el sector turístico no termina de comprender la descoordinación entre administraciones ante los problemas del Mar Menor, pero el ministerio quiere "que el ecosistema se estabilice por sí solo y sea capaz de recuperarse".
"Se diseño una estrategia de vertido cero con actuaciones que requieren tiempo, pero transcurridos dos años desde su aprobación aún no se ha hecho nada, cuando la relación causa-efecto está totalmente identificada y ese bombeo la solución para evitar la entrada de nutrientes a la laguna".
Por último, sobre la petición ministerial de ampliar de 500 a 1.500 metros la franja de protección del mar sin cultivos, ha comentado que "carece de sentido y justificación" y que los cinco meses que lleva aplicándose el decreto ley de protección integral son poco tiempo para evaluar la efectividad de esa medida, según los expertos.
