El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Miguel Motas, comunicó ayer el cese de Manuela Marín como directora general de Diálogo Social y Bienestar Laboral. Este departamento es el encargado de gestionar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que esta semana sufrieron una rebaja importante en el número total de presentados debido a un fallo a la hora de contabilizarlos.

En concreto, Empleo suprimió 7.000 ERTE de su registro. Entonces, el consejero aclaró que al ampliar la plantilla dedicada a tramitar los expedientes se detectaron solicitudes que se computaron varias veces.

Sin embargo, ayer Miguel Motas no relacionó estos hechos con el cese de Marín, sino que se debe «a que las circunstancias actuales han cambiado» a raíz de la crisis originada por el coronavirus y se necesita para dicho puesto «otro perfil». Su sustituta será la procuradora Purificación Cuadrupani, quien, hasta ahora, ejercía como asesora personal técnico-jurídica del Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea. Ha ejercido también como directora de cuentas en diversas entidades privadas.

Un departamento conflictivo

Desde que se decretase el estado de alarma, la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral recibe una media de 800 ERTE diarios, según fuentes de este departamento, quienes aseguran que se ha trabajado «muy duro» y que «todos los trabajadores del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) van a cobrar sin problema».

No obstante, desde que se conociera que las cifras estaban infladas, desde los grupos de la oposición se ha acusado al Gobierno de «mentir». Unidas Podemos recordaba ayer que ya denunció que el poco personal dedicado para tramitar los ERTE podía «perjudicar gravemente a los trabajadores afectados, que ven cómo se retrasa la llegada de las ayudas».

El miércoles, en la Asamblea Regional, el presidente López Miras negó que este departamento estuviera dando problemas y explicó que se había pasado de tener dos funcionarios a 222 personas trabajando.