La situación de alarma generada por la pandemia del coronavirus ha dejado en el aire el nuevo contrato de transporte sanitario que el SMS había adjudicado a la UTE formada por las empresas Ambulancias Mar Menor, Ambulancias Do Atlántico y Ambulancias Sánchez (varias de ellas participadas por filiales de La Generala) y que debía entrar en vigor el pasado 20 de marzo.

Unos días antes, el 12 de marzo, el gerente del SMS, Asensio López, comunicó a las empresas de ambulancias que venían prestando el servicio hasta el momento, y que debían dejarlo una semana después, que debían seguir haciéndolo ante el riesgo de cambiar de empresas en un momento de pandemia por la Covid-19.

Sin embargo, varias de las empresas de ambulancias han denunciado que la decisión de la Administración sanitaria «sólo viene a intentar tapar las carencias de la empresa adjudicataria», ya que la UTE no cuenta con los locales habilitados para comenzar a prestar el servicio ni con los vehículos que se incluían en el pliego de condiciones del contrato, tal y como denuncian en un escrito que han remitido a Asensio López y al que ha tenido acceso LA OPINIÓN.

En este documento, las empresas Ambulancias Martínez Robles, Ambulancias Vega del Segura, Ambulancias de Lorca, Murciana de Urgencias y Emergencias y Ambulancias Martínez exigen al SMS la rescisión del nuevo contrato de transporte sanitario de la Región para los próximos ocho años, ya que «las empresas que forman la UTE carecen de los vehículos y los locales para iniciar la prestación del servicio en el plazo impuesto», indican.

La adjudicataria contaba con cuatro meses para la puesta en marcha del servicio, plazo que expiraba el pasado 20 de marzo. Pese a ello, en el documento presentado al SMS, y en el que se recoge material gráfico, se deja constancia de que los locales que iban a servir de base para estas empresas de ambulancias se encuentran en obras y el 21 de marzo no estaba listo aún el local de Murcia (lote 1), así como los de Lorca (lote 3), Caravaca (lote 4) y Cieza (lote 7). Además, exponen que en los centros de Yecla y Caravaca las instalaciones para el repostaje de gas de los vehículos no estaban finalizadas en plazo, ya que faltaban los depósitos de combustible.

También denuncian que laUTE debía contar con más de 300 ambulancias para prestar el servicio y el 26 de marzo en el Ministerio de Transportes sólo constaban 131 inscritas, por lo que la flota también estaba a medio.

El SMS responde ante esta situación que suspendió el contrato cuando comenzó la pandemia por el estado de alarma. "Ante la incertidumbre generada, el SMS decició que no procedía iniciar los cambios", afirman. Además, indica que desde la empresa explicaron que tenían parte del material en Italia y se habían cerrado fronteras europeas y recuerdan que este contrato fue avalado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, con dos resoluciones que rechazaron los recursos presentados por las otras empresas que optaron al concurso.