La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha hecho cuentas y ha remitido al Gobierno regional un informe por el que requiere 35 millones de euros más de lo que tenía presupuestado para poder hacer frente a la emergencia social creada por el coronavirus.
Para poder acceder a esta cantidad, la Consejería de Isabel Franco necesita «reorientar partidas presupuestarias» de las cuentas de 2020, aún sin aprobar, con el fin de reforzar servicios con nuevos recursos. El Ejecutivo tiene intención de aprobar sus presupuestos este mes para incorporar después las ayudas para paliar la crisis y el gasto sanitario.
«Teniendo en cuenta que la temporalidad del trabajo va estrechamente ligada a la tasa de pobreza, tenemos que contar con que los trabajadores afectados -más de cien mil- por ERTE en la Región de Murcia -más de 16.000- van a necesitar nuestra ayuda cuando acabe el estado de alarma», explican.
Para empezar, Política Social cuenta con, al menos, duplicar el número de personas con derecho a la renta básica de inserción, pasando de las 4.000 actuales a 8.000. Este año se han destinado 18,5 millones de euros a este recurso, por lo que haría falta el doble de dinero, hasta alcanzar los 37 millones.
También ha pedido al Gobierno regional reforzar las partidas de 2,5 millones destinadas a atender familias e infancia para «volcarse» con familias numerosas y monoparentales.
Las entidades del Tercer Sector tenían asignados 1.780.000 euros para luchar contra la pobreza, sin embargo, desde esta Consejería consideran que, en estas circunstancias, se «quedan cortos pese a que suponían 60.000 euros más que en 2019», por lo que reclaman reforzar esta partida.
Asimismo, Isabel Franco entiende que la lucha contra la pobreza energética se deberá intensificar ante la crisis económica derivada de la Covid-19, por lo que le parece necesario reforzar el millón de euros previsto para esta materia antes de la pandemia.
Flexibilizar los requisitos para las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, que el año pasado tuvo una asignación de 7,3 millones, es «imprescindible», añaden fuentes de esta Consejería.
En materia de dependencia, creen necesario incorporar a 1.000 nuevos beneficiarios, para lo que necesitarían otros 6 millones, más un millón adicional para incrementar la ayuda a domicilio.
En total, reforzar los servicios sociales del IMAS para ponerlos al día ante el panorama que se avecina supondría 25 millones de euros de aportación extra y otros 2 millones más en Familias (1 millón para pobreza energética y 1 millón para las familias numerosas y monoparentales). En Servicios Sociales el refuerzo sería de 7,9 millones de euros (2,5 millones para emergencia social; 3,6 millones para sin hogar; 1 millón para reforzar plantilla en mancomunidades, 250.000 euros para voluntariado y 550.000 euros para lucha contra la pobreza). En total, 35 millones de euros.
