Casi la mitad de los 40.000 trabajadores de la construcción tendrán que quedarse en su casa ante la decisión del Gobierno de prohibir que continúen las obras de reforma domésticas o los trabajos de rehabilitación en las comunidades de vecinos con el fin de evitar el riesgo de contagio del coronavirus.
El presidente de la patronal regional de la construcción Frecom, José Hernández, acusa al Gobierno de actuar con «improvisación», dado que esta medida no se conoció hasta el domingo por la noche, a pesar de que este lunes estaba previsto que volvieran a recuperar su actividad las empresas de los sectores considerados no esenciales, que han permanecido cerradas durante las últimas dos semanas.
Esto supone que unos 20.000 trabajadores seguirán sin poder incorporarse, según las estimaciones del presidente de Frecom.
El decreto que permite retomar la actividad a los sectores no esenciales también afecta a la industria, aunque gran parte de este sector no podrá reanudar su trabajo por falta de componentes y materias primas, cuyo suministro había quedado interrumpido incluso antes del estado de alarma en algunos casos, como consecuencia del bloqueo de los mercados internacionales.
Desde el pasado 14 de marzo han podido mantener su actividad las empresas dedicadas al comercio de alimentación o de productos relacionados con los servidos sanitarios, como las farmacias, además del transporte, el suministro de carburantes o los servicios públicos.
La hostelería y el comercio, que fueron los primeros sectores afectados por el estado de alarma, siguen cerrados.
La construcción, que inicialmente no se había visto afectada, entró en hibernación hace dos semanas, después de que se registraran los primeros casos de contagio en una obra de Murcia.
José Hernández recordó que en aquel momento solo seguía trabajando en la Región el 65% de las empresas de la construcción, dado que la Comunidad Autónoma había paralizado la actividad de la construcción antes de que lo hiciera el Gobierno central, lo que originó una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre, que llevó a muchas empresas a parar las obras.
Se quejó igualmente de que las obras públicas que deberían estar iniciadas cuando se decretó el estado de alarma no habían llegado a arrancar, lo que ha dejado a las compañías adjudicatarias sin interlocutores a los que dirigirse, dado que no han logrado comunicarse con los técnicos y los funcionarios encargados de poner en marcha los procedimientos administrativos.
A pesar de que la Comunidad Autónoma ha informado de que la práctica totalidad del personal de Administración y Servicios está practicando el teletrabajo, el presidente de la patronal asegura que «la falta de conexión» está impidiendo la puesta en marcha de muchos proyectos de obras.
Frecom tenía previsto realizar este lunes una encuesta para saber en qué medida se había recuperado la actividad en las empresas del sector, ante la incertidumbre generada por los constantes cambios legales que han venido produciéndose en las últimas semanas.
Por otra parte, el presidente de la patronal de la construcción recordó a las administraciones públicas las dificultades que está ocasionando a las empresas el retraso en los pagos de las obras ejecutadas tras las inundaciones del pasado año y de las certificaciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020.
La Cámara de Contratistas, que incluye a los constructores de obra pública de la Región, hizo público a principios de mes un comunicado en el que pide a las administraciones que no desvíen el dinero destinado a las obras públicas para financiar otros cometidos cuanto pase la alerta provocada por el coronavirus. El documento consta de ocho puntos, que incluyen las propuestas que consideran «esenciales» para poder garantizar el mantenimiento del empleo y la viabilidad de las empresas del sector tras el parón provocado por el C0vid-19.
Desde la Cámara de Contratistas se pide que «no se desvíen presupuestos a otras actividades, pues ya existen contratos formalizados, pendientes de comprobación del replanteo».
