«Tengo que ir a echarle de comer a las gallinas, que llevan una semana sin comer». Es la excusa que llegó a soltar un vecino de la Comarca de la Huerta de Murcia, cuando la Policía le preguntó qué razón de peso tenía para estar en la calle, saltándose el confinamiento al que obliga el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus.

Los agentes de la Policía Local, especialmente los que trabajan en municipios pequeños, donde la mayoría de los paisanos se conocen, se encuentran con justificaciones la mar de pintorescas cuando paran a un ciudadano que se halla en la vía pública.

«Me voy a ver a la novia» o «es que en el centro comercial hay una oferta de latas de atún» son otras de las razones que alegan estos vecinos. Los agentes admiten que, si se trata de personas que no están molestando, y su actitud con ellos no es de desobediencia, en ocasiones se les permite continuar, siempre avisándoles de que se enfrentan a una sanción si salen a la calle sin un motivo.

Hace unos días, la Policía de Murcia sorprendía en un coche a dos personas, ambas en los asientos delanteros, algo que no se puede. Les pararon, les preguntaron y alegaron que habían salido a la calle para recoger metadona para ella, que era toxicómana. Cuando procedieron los agentes a identificar a estas personas, descubrieron que el hombre tenía una orden de alejamiento de la mujer, por maltratador, así que procedieron a arrestarlo.

El Domingo de Ramos, agentes de la Policía Nacional se veían obligados a desalojar en Murcia una iglesia evangélica en el interior de la cual había una treintena de personas, con palmas y ramas de olivo. Cuando los policías les instaron a abandonar el culto que estaban celebrando, los fieles se mostraron muy sorprendidos: consideraron que no había nada de malo en practicar su fe.

En el municipio de La Unión, por otro lado, los municipales sorprendían a dos personas que habían quedado en una zona apartada del pueblo para fumar porros. A cada una la cayó una multa y la droga les fue requisada.

La Policía Local cuenta con unos aliados de excepción: los propios vecinos, a quienes no se les escapa una. «Esta mañana había más gente por la calle Mayor, que un martes de mercadillo. Las tertulias en las puertas de bancos y fruterías no tienen nombre», escribía una mujer en la cuenta de la citada Policía de La Unión.

Samuel Rodríguez, profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Murcia, apunta que «el confinamiento domiciliario es ahora la norma general de obligado cumplimiento, ante la limitación gubernativa de la libertad deambulatoria», así como que «dada esta situación, aquellas personas que incumplen tal norma general pueden, o bien aceptar sin más la sanción que corresponda ante la infracción cometida, o bien alegar excusas de cualquier tipo, sean plausibles o absurdas, sean verosímiles o no».

Desde el punto de vista del experto, esto «no es más que una verbalización de su voluntad de desvincularse de tal obligación general, que transgreden con pleno conocimiento de su existencia y absoluto control de su comportamiento».

Desde el inicio de esta situación excepcional, y hasta el pasado 8 de abril, se han producido 71 detenciones e impuesto 13.760 sanciones en la Región de Murcia por incumplimiento de las normas del estado de alarma, indica la Delegación del Gobierno.