La población de los municipios ribereños del Mar Menor reconoce que la agricultura es la principal causa contaminante de la laguna y rechaza que la salmuera procedente de las desalobradoras acabe vertida al mar Mediterráneo. Los habitantes de las localidades próximas a este ecosistema admiten que la actividad agrícola es la principal causa de la entrada de nutrientes en la laguna y piden dar prioridad a las medidas que permitan reducir estos aportes de nutrientes. Un estudio llevado a cabo por la investigadora de la Universidad de Florida, Noelia Guaita García, en el marco de una tesis doctoral que está preparando en el departamento de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares, ha analizado la percepción de la comunidad local en el área de Mar Menor sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas actuales, especialmente la crisis eutrófica en la laguna de Mar Menor.

En este análisis concluye que los habitantes del entorno de la laguna cambiaron su percepción sobre qué causas contaminantes afectaban al Mar Menor a raíz de la crisis ecológica que sufrió en 2016. Hasta entonces y desde principios de siglo, la población tenía la percepción de que las aguas residuales procedentes de vertidos urbanos y las depuradoras eran la causa principal del estado de la laguna, según distintas encuestas llevadas a cabo por investigadores de la Universidad de Murcia en el año 2006. Sin embargo, la comunidad científica ya entonces determinaba que "la principal entrada de nutrientes era de origen agrario", señala la investigadora Julia Martínez, directora de la fundación Nueva Cultura del Agua y codirectora de la tesis doctoral que lleva a cabo Noelia Guaita.

A las consecuencias que tuvo para la laguna la crisis eutrófica de 2016 se suman los trabajos científicos y la difusión de los resultados de distintas investigaciones y análisis realizados desde diferentes organismos ambientales como principales causas también del cambio de percepción de la comunidad local. El foco de la población, según este último estudio, ya no está puesto en la contaminación procedente de las áreas urbanas sino en la actividad agrícola, y esto se debe al alto conocimiento que tienen los habitantes sobre la cuenca del Campo de Cartagena y el Mar Menor.

Los resultados de la encuesta, realizada en 2017 a casi 498 personas, también señalan que "el grado de consenso dentro del sector agrario respecto a que tenga la principal responsabilidad es menor" pero hay una "importante proporción de personas encuestadas que pertenecen al sector agrario que reconocen a las prácticas agrarias como causante de la situación de la laguna", remarca Julia Martínez.

El estudio de la investigadora Noelia Guaita remarca que la cuenca del Campo de Cartagena ha sufrido importantes modificaciones en las últimas décadas debido a la presencia de la actividad humana y que hoy esta zona se yergue como una de las áreas más competitivas de Europa en cuanto a la producción de fruta y hortalizas. Esta competencia se ha llevado a cabo gracias a las cantidades de agua procedentes del trasvase Tajo-Segura, el bombeo de agua subterránea procedente del acuífero cuaternario y de las desalinizadoras "cuyo rechazo de salmuera ha sido vertido incontrolablemente en canales o inyectado en pozos en el acuífero, con el consiguiente impacto ambiental de contaminación que esto conlleva debido al alto contenido de nitrato", remarca.

Amparada en las conclusiones de las investigaciones realizadas hasta la fecha, Guaita subraya el vertido de nutrientes al Mar Menor procedentes del uso de fertilizantes y pesticidas de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. "Todo esto está causando un proceso agudo de eutrofización de las aguas del Mar Menor".

En el análisis se sacan cuatro conclusiones claras con independencia de la profesión o actividad económica a la que se dedicara cada encuestado: La población cree necesario aplicar mejoras en el desarrollo urbano y turístico del entorno de la laguna; considera que se debe limitar la entrada de nutrientes; piensa que la principal causa de contaminación es la agricultura; considera que el ecosistema lagunar tiene valores ambientales y servicios ecosistémicos relevantes y, por último, creen que tales valores están amenazados.

Sin embargo, el estudio sí reconoce que hay importantes diferencias en cuanto a las medidas que se deben adoptar para solucionar la crisis ecológica por la que atraviesa la laguna. Los grupos encuestados, aun así, sí señalan que las salmueras originadas en las desalobradoras del Campo de Cartagena no deberían arrojarse al mar Mediterráneo.

A favor de una moratoria urbanística

En cuanto al desarrollo urbano, los encuestados, en su mayoría, estiman que se debe frenar la construcción de nuevas residencias, así como paralizar los planes parciales pendientes de continuar en el entorno de la laguna, y pide a las administraciones centrase más en remodelar el urbanismo ya existente, volverlo sostenible, al igual que la movilidad. Es por ello que la medida de aplicar una moratoria urbanacuando se hizo la encuesta en 2017.

La investigación señala también que la comunidad local está en desacuerdo con las medidas y prioridades marcadas por el Gobierno regional. En concreto, el estudio analiza la opinión en cuanto a las acciones recogidas en la ley 1/2018 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor que la Asamblea regional aprobó en febrero de 2018 con el voto en contra del Partido Popular, que gobernaba en solitario en esos momentos. Los resultados de la encuesta determinan que una buena parte de la comunidad local estaba a favor de las medidas adoptadas en esta ley. "Estas conclusiones apunta a posiciones divergentes entre las medidas que la población apoya y aquellas que tienen mayor prioridad para el Gobierno regional", señala el artículo.

Esta ley de medidas urgentes aprobada por la Asamblea regional fue derogada tras la aprobación el pasado mes de diciembre del decreto ley de Protección Integral del Mar Menor por el Gobierno regional, formado por Partido Popular y Ciudadanos.

El estudio también se centra en valorar la posición de la comunidad local y las preferencias políticas del Gobierno regional en cuanto al desarrollo urbanístico. Considera que el Ejecutivo murciano no ha adoptado iniciativas legislativas para mejorar el urbanismo en torno al Mar Menor pese a que tiene competencias en esta área.

Las medidas adoptadas por el Gobierno regional o que finalmente se han llevado a cabo para mejorar el desarrollo urbano y turístico en el Mar Menor "están lejos de las propuestas por los encuestados en este estudio", señala Guaita, que añade que hay "diferencias claras" entre lo que el Ejecutivo de la Región de Murcia está haciendo en este ámbito y lo que la "población realmente quiere".

Pese a que el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor contempla una moratoria urbanística de cinco años en las proximidades de la laguna, el Gobierno regional del Partido Popular votó en contra en febrero de 2017 en la Asamblea regional de aplicar esta medida, algo que no gustó a los encuestados.